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Por: Gonzalo Delgado, Director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico
Los minerales críticos son para el siglo XXI lo que el petróleo fue al XX: la llave que abre las puertas del poder geopolítico. En los tiempos que corren, el futuro se escribe con cobre, litio, zinc, plata, molibdeno y tierras raras indispensables para baterías, imanes y semiconductores que alimentan la transición energética. Quienes controlarán esa cadena de valor (desde la mina hasta el chip) controlarán también la velocidad y el costo de la descarbonización.
El tablero global ya está reconfigurado: Estados Unidos invierte billones de dólares a través del Inflation Reduction Act, la Unión Europea negocia su Critical Raw Materials Act y las grandes economías compiten por contratos de suministro a largo plazo. China ya domina el procesamiento de minerales estratégicos (entre el 80% y el 95%), un recordatorio brutal de dónde se concentra el verdadero poder en esta industria.
Perú tiene varias cartas ganadoras sobre la mesa: extrae ocho de los 17 minerales que el mundo necesita para la transición energética (cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito) y figura entre los mayores exportadores de cobre. El problema es que más del 70% de ese cobre se exporta como concentrado y regresa convertido en paneles solares autos eléctricos o turbinas eólicas que compramos ya con valor agregado. Al final, la riqueza sale del subsuelo peruano, pero la mejor parte de la ganancia económica, tecnológica y laboral se queda en manos de otros países. El riesgo es claro: si el país no actúa, el futuro que le espera será el de una gran cantera con escasa autonomía industrial. Pero la oportunidad es también clara: si se articula una estrategia de Estado, Perú puede transformarse en actor indispensable de la economía verde, capturando valor en cada eslabón de la cadena y no solo en bocamina.
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Quienes controlen esa cadena de valor (desde la mina hasta el chip) controlarán también la velocidad y el costo de la descarbonización. Para aprovechar la coyuntura, el primer reto es político. La inestabilidad que parece crónica y los conflictos socioambientales encarecen la inversión y reducen la ventana de oportunidad. A ello se suma la expansión de la minería ilegal, que erosiona la legitimidad del Estado, contamina cuencas, compite deslealmente con la formalidad y afecta impunemente los derechos humanos, sobre todo de los más vulnerables. Sin gobernanza, ni el mejor yacimiento garantiza progreso.
El segundo reto es institucional. Perú carece de una política nacional de minerales críticos y la toma de decisiones se fragmenta en varios ministerios sin visión común. Chile, en cambio, debate una Estrategia Nacional del Litio, y Brasil financia plantas piloto de tierras raras; ambos envían la señal correcta a los mercados: “aquí hay hoja de ruta”.
Para atender estos retos y aprovechar la oportunidad, el país necesita fijarse metas claras al 2050. Para esto sería útil crear una Agencia Nacional de Minerales Críticos que articule los distintos ministerios y negocie alianzas estratégicas. Sus primeras tareas deberían ser el inventario de reservas, la evaluación de la capacidad de fundición existente y el diseño de incentivos atractivos para aquellos que integren refinación, reciclaje y manufactura.
Esa institucionalidad debe complementarse con un viraje productivo: de exportar concentrados pasar a generar metales y componentes mediante un esquema fiscal que, a cambio de beneficios, exija transferencia tecnológica y un elevado contenido local, atrayendo así refinerías de última generación y plantas de cátodos, cables o precursores de baterías.
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