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La orden ejecutiva firmada por Donald Trump permite a empresas operar en aguas profundas sin autorización de la ISA, generando preocupación internacional.
Estados Unidos autorizó a empresas con sede en su territorio a iniciar operaciones de minería submarina en aguas profundas fuera de su jurisdicción, sin la aprobación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA). La medida se oficializó mediante una orden ejecutiva firmada en abril bajo la Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, rompiendo con el respeto histórico a los marcos multilaterales de gobernanza oceánica.
El país norteamericano, que no ha ratificado la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, justificó su decisión en la demora de la ISA para publicar el reglamento de explotación previsto por el derecho internacional. Especialistas advirtieron que este precedente podría incentivar acciones unilaterales de otros Estados en la carrera por acceder a recursos estratégicos del lecho marino.
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La secretaria general de la ISA, Leticia Carvalho, expresó su rechazo y afirmó que “la acción unilateral socava el derecho internacional y compromete los mecanismos de protección ambiental”. Organizaciones como Greenpeace USA y Ocean Conservancy alertaron que la minería submarina puede alterar ecosistemas profundos sin contar con protocolos globales de mitigación o compensación.
En paralelo, la canadiense The Metals Company presentó solicitudes de exploración sobre cerca de 200.000 km² del Pacífico y recibió en junio una inversión de US$85,2 millones de Korea Zinc. Además, Impossible Metals busca acceder a áreas cercanas a Samoa Americana, operando únicamente bajo la legislación estadounidense y eludiendo el sistema de licencias de la ISA.