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El repunte de los precios internacionales ha transformado el escenario minero nacional. En 2025, las exportaciones ilegales de oro alcanzarían los US$11,600 millones, igualando por primera vez a las legales.
Al mismo tiempo, la extracción ilícita de cobre crece en regiones estratégicas, presionando a las operaciones formales y afectando la recaudación.
Un mercado ilegal en expansión acelerada
Entre enero y mayo de este año, el oro ilegal sumó 1,3 millones de onzas, equivalente al 43% de todo lo extraído en 2024. Hace una década, la participación ilícita era del 20%; hoy se ha cuadruplicado desde 2019, mientras la producción legal apenas se ha duplicado.
¿Cómo está impactando este fenómeno en las operaciones formales y en la recaudación fiscal?
El impacto es doble: pérdida de competitividad para las mineras que cumplen con la normativa y evasión tributaria que asciende a S/10 millones anuales, según estimaciones sectoriales. Además, las plantas de beneficio ilegales crecieron 8,5% en 2023 y 15,9% en 2024, operando muchas veces con capacidad subdeclarada para evitar fiscalización efectiva.
El cobre, nuevo objetivo de la ilegalidad
La presión no es solo aurífera. En el Corredor Minero del Sur, especialmente en Cusco, Apurímac y Arequipa, la minería ilegal de cobre se ha multiplicado. En Cusco y Apurímac, el número de plantas de beneficio se ha sextuplicado en pocos años. Arequipa lidera el registro nacional de estas instalaciones, incrementando el riesgo de invasiones y conflictos.
Riesgo político y social para el sector
Organizaciones vinculadas a la minería artesanal e informal han incrementado su influencia, al punto de lograr la suspensión de operativos policiales en ciertas zonas. En un contexto electoral, su capacidad de lobby podría traducirse en leyes más permisivas, afectando la seguridad jurídica y el clima de inversión en minería.