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La presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca, advierte que este año los envíos de oro ilegal alcanzarían los US$12,000 millones, cifra equivalente a la exportación formal, con un crecimiento cuatro veces más rápido que el sector regulado.
¿Cuánto del oro que exporta el Perú es ilegal?
De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), más del 40% del oro exportado por el Perú proviene de fuentes ilegales o no formales. Entre 2019 y 2025, los envíos ilícitos se cuadruplicaron, mientras que los legales apenas se duplicaron.
El Reinfo y otras normas con vacíos regulatorios han favorecido la proliferación de 82 nuevas plantas de beneficio y 58 comercializadoras de oro en promedio al mes, muchas vinculadas a la actividad ilegal. Este patrón también se replica en el cobre, donde el número de procesadoras ha crecido, impulsado por los precios récord del metal rojo.
Efecto económico y fiscal
La minería formal es uno de los pilares económicos del Perú: representa más del 14% del PBI y aporta más del 40% de la recaudación tributaria nacional.
Solo entre enero y mayo de 2025, las transferencias por canon, regalías y derechos de vigencia sumaron S/ 8,301 millones, un incremento del 2,9% frente a 2024, con un canon minero de S/ 6,982 millones, el segundo valor histórico más alto.
En contraste, la minería ilegal no paga impuestos, no genera empleo formal y financia redes criminales que afectan la seguridad y el desarrollo de las regiones.
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Crecimiento de flujos sospechosos
Las operaciones financieras vinculadas a la minería ilegal reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se multiplicaron por cinco entre 2020 y 2024. En lo que va de 2025 ya alcanzan el 88% del promedio anual del quinquenio anterior. Esto evidencia una expansión de flujos de dinero ilícito que compite directamente con el mercado formal.
El reto para la minería peruana
Para Torreblanca, el desafío no solo es frenar la expansión del oro ilegal, sino evitar que la minería formal pierda competitividad frente a un mercado ilícito que crece más rápido y opera sin restricciones laborales, ambientales ni tributarias. Ello requiere cerrar brechas normativas, reforzar la fiscalización y mejorar la trazabilidad en toda la cadena productiva.