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El gran desafío es recuperar la conciencia cívica y política de los peruanos.
Durante el evento organizado por la Cámara de Comercio Canadá–Perú, denominado «Ciudadanía en juego: el rol decisivo del empresariado en el futuro del país», especialistas coincidieron en que las empresas tienen hoy la mayor responsabilidad en reconstruir la confianza ciudadana y en fortalecer la democracia frente a la crisis institucional que atraviesa el país.
Barómetro de Confianza: Perú en último lugar
Carolina Palacios, CEO de Edelman Perú, presentó los resultados del Barómetro de Confianza de Edelman 2025, donde el país debutó en el último puesto a nivel mundial junto con Japón. El estudio revela un panorama crítico: 8 de cada 10 peruanos creen que el sistema los perjudica y favorece solo a unos pocos, mientras que tres de cada cuatro temen ser discriminados, el nivel más alto de Latinoamérica. En este contexto, el empresariado aparece como la institución con mejor percepción relativa, aunque aún en terreno neutral, lo que plantea una oportunidad y, al mismo tiempo, una exigencia de mayor compromiso.
¿Qué rol deben asumir las empresas?
Los datos advierten que uno de cada cuatro peruanos considera el activismo hostil como un medio legítimo de cambio, cifra que aumenta a uno de cada tres en los jóvenes. Para Edelman, esta tensión social exige que las compañías adopten un papel más activo: combatir la discriminación, fomentar civismo, impulsar la sostenibilidad y generar inclusión social. El empresariado, al contar con la mayor credibilidad relativa, se convierte en un actor decisivo para cerrar la brecha de confianza en un escenario donde el Estado y la política muestran retrocesos continuos.
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Educación ciudadana: herramienta clave
En la misma línea, Luis Gamboa, CEO de Excuela, presentó junto con Comité y Recambio un programa de 18 microcursos interactivos diseñados para teléfonos básicos, que busca acercar al ciudadano común conceptos como derechos, deberes, Estado de Derecho y voto informado. Esta iniciativa, respaldada por el BID y con presencia en siete países, busca elevar el nivel de conocimiento cívico de la población.
“Sin educación ciudadana no existe democracia funcional, y las empresas pueden ser el puente para que más peruanos accedan a estas herramientas”, sostuvo Gamboa, remarcando que el próximo proceso electoral —el más complejo en 25 años— hace urgente el involucramiento del sector privado en la formación de una ciudadanía informada.
Un panel para reflexionar sobre los retos del país
El panel de debate contó con la participación de Jorge Medina, Presidente de Capitalismo Consciente Perú, Rosa Bueno, Socia fundadora de Bueno Lercari Consultores, y Gonzalo Quijandría, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur. Los tres coincidieron en que el país atraviesa un escenario complejo marcado por la desinformación, la desconfianza y el predominio de economías ilegales que erosionan la institucionalidad. Frente a ello, resaltaron la necesidad de pasar de la preocupación a la acción, asumiendo un rol activo desde la ciudadanía, las empresas y los gremios.
Ciudadanía y rol empresarial
Jorge Medina destacó que el gran desafío es recuperar la conciencia cívica y política de los peruanos, pues el vacío dejado por la indiferencia de la sociedad viene siendo ocupado por mafias y el crimen organizado. En esa línea, llamó a reconocer el poder de incidencia del sector privado para impulsar la democracia, la integridad y el fortalecimiento institucional, más allá de la sola generación de empleo o pago de impuestos. Por su parte, Rosa Bueno subrayó que antes que empresarios somos ciudadanos, y que todas las organizaciones —grandes o pequeñas— deben involucrarse en el debate público. Recordó su experiencia en la Cámara de Comercio de Lima, donde promovió una agenda que priorizó la democracia, la seguridad y la lucha contra la informalidad como condiciones indispensables para un desarrollo sostenible.
Desafíos frente a la ilegalidad y la confianza social
Finalmente, Gonzalo Quijandría puso énfasis en el impacto de la minería ilegal y de las economías informales en general, que no solo afectan la recaudación o el medio ambiente, sino que atentan directamente contra los recursos de todos los peruanos. Señaló que la desconfianza histórica y la sobre regulación han alimentado la informalidad, y que la falta de Estado de derecho facilita la invasión de concesiones y el debilitamiento de la autoridad. Tanto él como sus colegas coincidieron en que la clave está en reforzar la ciudadanía, promover un liderazgo consciente y generar confianza entre Estado, empresa y comunidad, para evitar que la informalidad y la ilegalidad sigan desplazando a las instituciones legítimas.