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El Perú enfrenta un elevado costo económico y social cada vez que un proyecto minero se retrasa. Según Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, una demora de cuatro años en la ejecución de un proyecto modelo puede ocasionar pérdidas equivalentes a S/12.000 millones en el Producto Bruto Interno (PBI), además de un impacto fiscal de S/2.066 millones y la no generación de más de 15 mil empleos formales.
Durante su participación en el webinar “Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”, la ejecutiva advirtió que la tramitología alarga la puesta en marcha de las inversiones hasta seis o siete años, el doble de lo que establecen los plazos normativos.
Costos económicos y sociales de la demora
De acuerdo con Torreblanca, el retraso en los plazos golpea directamente al crecimiento económico, a los ingresos del Estado y a la generación de empleo. En la fase de inversión se dejan de crear 8.500 puestos de trabajo, mientras que en la etapa de producción se pierden otros 7.400.
La conflictividad social también es un factor crítico. Entre 2021 y el primer trimestre de 2023, once unidades mineras fueron paralizadas por enfrentamientos con comunidades en ocho regiones del país. Estas interrupciones, según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), provocaron pérdidas adicionales de S/7.000 millones en PBI y S/1.791 millones en recaudación fiscal.
Llamado a la acción
Torreblanca señaló que el Estado debe asumir un rol más activo, no solo como mediador en los conflictos, sino también fortaleciendo su presencia institucional en las zonas mineras y combatiendo con firmeza la minería ilegal. “Necesitamos empleos formales y seguros, pero para eso se requiere que las autoridades faciliten canales efectivos de comunicación y resuelvan los conflictos de manera oportuna”, subrayó.
Además, cuestionó el uso ineficiente de los recursos generados por la minería en las regiones, al señalar que aún no se cubren necesidades básicas en salud, educación y saneamiento. “La población necesita servicios básicos que todavía no están cubiertos. Ese debe ser el verdadero impacto de la minería en el desarrollo del país”, concluyó.