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En el santuario de Machu Picchu también se han registrado casos de minería ilegal. Hace ocho meses, el Poder Judicial condenó a ocho años de prisión a una persona por realizar explotación no metálica sin autorización. Aunque se trató de un hecho aislado, el especialista en políticas públicas y minería, Iván Arenas, explicó que este caso es un reflejo de un problema más profundo que atraviesa al país.
“Básicamente, de fondo tenemos un Estado que literalmente está quebrado, literalmente está roto”, afirmó Arenas, al señalar que la falta de garantías por parte de las instituciones permite que se reproduzcan actividades ilícitas no solo en minería, sino también en sectores como turismo, comercio y pesca.
El experto remarcó que el 70% de la economía nacional opera en informalidad, lo que facilita la proliferación de actividades ilegales. “Ustedes saben que la informalidad camina con la ilegalidad”, sentenció Arenas, al mencionar casos críticos en regiones como Pataz, Puno y la cuenca del Putumayo, donde operan bandas de narcotráfico y terrorismo.
¿Cómo influye la informalidad en el avance de la minería ilegal?
Arenas sostuvo que la responsabilidad recae en el propio Estado, pues sus autoridades y gobiernos regionales no han logrado establecer mecanismos efectivos de formalización. “Con sus autoridades, con sus gobiernos regionales, con sus instituciones y con diferentes personas que deberían, en lugar de, por lo menos formalizar, en lugar de eso se dedican básicamente a ser un Estado en B, un Estado que colabora inclusive con la informalidad y con la ilegalidad como en el caso que vimos en Machu Picchu”, concluyó.