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La minería ilegal supera a la tramitología y conflictividad como principal amenaza y pidió cerrar el Reinfo.
Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió que la minería ilegal es hoy el principal riesgo que enfrenta la industria minera en el Perú, por encima de la tramitología y la conflictividad social. Señaló que esta actividad ha paralizado proyectos clave como Haquira y Los Chancas en Apurímac, así como Michiquillay en Cajamarca, que en conjunto representan US$ 7,000 millones de inversión y el 10% de la cartera de proyectos.
“La minería ilegal no solamente afecta operaciones mineras en marcha, sino que también afecta proyectos mineros. ¿La minería va a salir sí o sí? Nuestra cancha está decidida si va a salir a través de una minería responsable y formal, que cumple con los estándares, o con la minería ilegal que ya viene operando”, afirmó en RCR. Agregó que los altos precios internacionales del oro, que superan los US$ 3,700 por onza, incentivan el crecimiento de esta actividad.
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Fuentes señaló que es necesario cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que calificó como la punta de lanza de la minería ilegal, y reforzar la trazabilidad para combatir el resto de la cadena. Además, destacó que la tramitología en proyectos formales se extiende hasta 40 años desde la exploración hasta la operación, lo que exige mayor presupuesto y simplificación en entidades como el Senace. “Senace tiene un presupuesto de más o menos S/ 67 millones para una cartera que solo en minería es de US$ 67,000 millones. Ahí faltan más prioridades”, puntualizó.
¿Qué proyectos pueden marcar un punto de quiebre en la minería peruana?
El especialista sostuvo que la puesta en marcha de Tía María será un punto de quiebre para dinamizar el sur del país y atraer nuevas inversiones en un contexto de alta demanda de metales críticos. Asimismo, cuestionó el último salvataje a Petroperú al señalar que “se ha emitido deuda para pagar otra deuda”, lo que significa destinar recursos fiscales claves para cerrar brechas sociales y que finalmente “los que lo vamos a pagar somos todos los peruanos”.