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La zona, reconocida como Área de Conservación Privada, enfrenta una invasión de maquinaria pesada y destrucción del bosque, mientras las denuncias ante la Fiscalía Ambiental avanzan sin resultados.
La Estación Biológica Panguana, fundada en 1968 por los científicos alemanes Hans-Wilhelm Koepcke y María Koepcke, y dirigida actualmente por su hija Juliane Koepcke, enfrenta su mayor amenaza desde su creación: la expansión de la minería ilegal en plena selva de Ucayali, que viene destruyendo el entorno de investigación científica más antiguo de la Amazonía peruana.
“Panguana es en realidad la meta más importante en mi vida”, afirma Juliane Koepcke, quien sobrevivió al accidente del vuelo de LANSA en 1971 y prometió dedicar su vida a la Amazonía. Hoy, esa promesa se ve amenazada por el avance de la minería ilegal.
Destrucción acelerada del bosque y del río Yuyapichis
El área, declarada Área de Conservación Privada en 2011, se ha convertido en escenario de una actividad minera intensiva, donde el río Yuyapichis —que atraviesa la zona— muestra altos niveles de sedimentación y contaminación, al punto de ser descrito como un río “prácticamente muerto”.
Según el abogado ambientalista César Ipenza, el método de extracción ha cambiado drásticamente:
“Ya no usan dragas como antes, sino retroexcavadoras y maquinaria pesada. Solo en Panguana habría unas 35 retroexcavadoras que trabajan todos los días, abriendo caminos y devastando el bosque.”
Las imágenes satelitales y las denuncias penales interpuestas confirman la deforestación acelerada de la zona y la apertura de vías clandestinas que alteran el cauce natural del río.
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Denuncias sin resultados y falta de presencia estatal
Hasta la fecha, se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, algunas de las cuales motivaron operativos fallidos debido a la falta de logística y coordinación interinstitucional.
La ausencia de combustible, embarcaciones y explosivos para neutralizar maquinaria, así como la escasa presencia sostenida de la Marina y la Policía Nacional, ha limitado la efectividad de las acciones.
En el último operativo del 28 de septiembre, las autoridades incautaron solo tres dragas, tres excavadoras y una camioneta, cifra que Koepcke considera insuficiente frente al tamaño del daño.
“Los mineros son alertados antes de los operativos, esconden las máquinas y regresan apenas se van las autoridades. Es una lucha desigual”, advierte Ipenza.
Tensión social y amenazas
La comunidad de Pampas Verdes, anexo de Nuevo Unidos de Tahuantinsuyo, se ha convertido en foco de conflicto. Algunos pobladores aceptan pagos de hasta S/40.000 por hectárea a cambio de permitir el ingreso de mineros ilegales, lo que ha generado división y amedrentamientos.
Koepcke ha denunciado amenazas personales y, aunque recibió garantías de seguridad el 18 de septiembre, la presencia policial sigue siendo mínima.
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El oro ilegal y un negocio en expansión
La situación en Panguana refleja una tendencia nacional. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), para 2025 las exportaciones de oro ilegal podrían igualar o superar a las legales, alcanzando los US$12.000 millones. Esto representa un aumento de más del 60 % en un solo año, evidencia del crecimiento descontrolado de la minería ilegal en el país.
“Lo que ocurre en Panguana es solo un reflejo del colapso ambiental del Perú. Si destruimos los bosques, perderemos nuestras fuentes de agua y capacidad de cultivo”, advierte Koepcke.
Un llamado urgente para proteger Panguana
Tanto Koepcke como Ipenza han propuesto que la estación sirva como base permanente para la Policía y la Fiscalía, a fin de realizar operativos más efectivos en la zona.
Sin embargo, el avance de la minería ilegal amenaza con borrar más de seis décadas de investigación científica, en un área que alberga más de 1.000 especies de plantas y 500 de aves.
El futuro de Panguana —símbolo del compromiso científico y ambiental del país— pende de un hilo frente a un negocio ilegal que continúa expandiéndose al amparo de la impunidad.