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Entre capitalizaciones, préstamos garantizados y bonos soberanos, el Tesoro Público asumió el rol de principal acreedor de la petrolera estatal. Expertos advierten que el reto no es financiero, sino de gestión y valor.
En los últimos tres años, el Estado peruano ha destinado más de US$ 3.800 millones en distintas modalidades de apoyo financiero para mantener la operación de Petroperú.
Según cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estos recursos se canalizaron a través de decretos de urgencia, capitalizaciones directas, garantías de crédito y emisiones de bonos soberanos, configurando un rescate escalonado que ha convertido al Tesoro Público en el principal financista y acreedor de la compañía.
El primer salvataje se produjo en 2022, con un Apoyo Financiero Transitorio de US$ 750 millones y una capitalización estatal de S/ 4.000 millones (equivalente a US$ 1.000 millones), además de una garantía del Estado por US$ 500 millones para operaciones de comercio exterior.
Durante 2024, las medidas se ampliaron con nuevas garantías por US$ 800 millones, la capitalización de deudas previas y la asunción por parte del MEF de los préstamos del Banco de la Nación, sumando US$ 1.750 millones adicionales.
Finalmente, en septiembre de 2025, la Resolución Ministerial N.º 447-2025-EF/52 autorizó bonos soberanos por US$ 287,3 millones para refinanciar obligaciones derivadas de garantías previas.
El costo fiscal del rescate
Los sucesivos apoyos a Petroperú representan casi el 1,5% del PBI acumulado entre 2022 y 2025 y equivalen a más del 5% del presupuesto nacional de inversión pública.
Aunque el MEF evita hablar de “rescates”, los montos muestran que la empresa estatal se sostiene gracias al soporte fiscal, en un contexto de altos costos financieros, sobreendeudamiento y baja rentabilidad operativa.
¿Rescate o reperfilación de pasivos?
Para José Gonzales, editor internacional de Rumbo Minero – American Mining, lo que ocurre con Petroperú no calza con un rescate financiero clásico, sino con una reperfilación estructural de pasivos.
“El objetivo no es inyectar liquidez a fondo perdido, sino dar aire de caja, reprogramar deuda y preparar una salida ordenada al mercado de capitales”, explica.
Gonzales señala que el cuello de botella no está en los bonos internacionales —que se siguen pagando puntualmente—, sino en el capital de trabajo, afectado por las deudas con proveedores de crudo y contratistas.
“Petroperú no está en default financiero, pero sí enfrenta una mora operativa con su cadena de suministro, que requiere liquidez inmediata para mantener la refinación y el despacho”, precisó.
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La propuesta de reperfilación: tres pasos clave
- Liquidez inmediata: normalizar pagos a proveedores mediante instrumentos colocados en el Banco de la Nación.
- Financiamiento estructural:crédito sindicado por US$ 2.500 millones, a 10–15 años, con garantía soberana para reducir el costo financiero y extender los vencimientos.
- Apertura de capital: en 2–3 años, colocar hasta 49% de las acciones de Petroperú en el mercado, manteniendo 5% para participación ciudadana, como prevé la ley.
“La privatización no es la salida. Liquidar hoy Petroperú destruiría valor, porque es un activo nuevo con fuerte potencial de refinación. La solución pasa por estabilizarla, reperfilar deuda y abrir capital”, sostuvo Gonzales.
El dilema Talara y la carga estructural
El problema de fondo sigue siendo la Refinería de Talara, cuyo costo final superó los US$ 6.000 millones, cuatro veces más de lo presupuestado. Ese sobrecosto, sumado a los bonos internacionales por US$ 3.000 millones (vencimientos 2032 y 2047), explica la deuda consolidada cercana a los US$ 5.500 millones.
El margen operativo se recupera lentamente, pero el servicio de deuda y los atrasos con proveedores limitan la capacidad de generación de flujo libre.
“Petroperú no está quebrada, pero sigue en distress”
Según Gonzales, el balance auditado demuestra que los activos de Petroperú superan a sus pasivos, por lo que contablemente no está quebrada.
Sin embargo, la empresa atraviesa una etapa de distress financiero, donde la caja operativa no alcanza para cubrir intereses y capital circulante.
Por ello, plantea que la garantía soberana es clave: “Con un aval de la República, Petroperú puede endeudarse a tasas del riesgo país, no al riesgo propio, y así aliviar su costo financiero”.
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Un activo político y estratégico
El analista recuerda que el rol de Petroperú va más allá de las utilidades: es una pieza de seguridad energética nacional.
“La discusión no es si debe existir, sino qué tipo de empresa debe ser: una Pemex, dependiente del fisco, o una Petrobras, competitiva y mixta”, reflexiona Gonzales.
A su juicio, el desafío pasa por alinear el MEF, el Ministerio de Energía y Minas y la propia gerencia en torno a un plan de sostenibilidad de largo plazo, que combine disciplina de mercado y respaldo político.
El desafío final: gobernanza y valor
La estabilidad financiera de Petroperú dependerá de una gestión corporativa profesional, menor rotación directiva y transparencia operativa.
Los rescates, advierte Gonzales, “han evitado el colapso, pero no han solucionado la raíz del problema”.
La meta ahora es convertir los US$ 3.800 millones invertidos por el Estado en un activo rentable y sostenible, capaz de competir y generar valor para el país. “El costo de mantenerla puede parecer alto, pero el costo de perderla sería mayor”, concluye.