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El gobierno de Nicolás Maduro propuso a la administración Trump abrir todos sus proyectos petroleros y mineros a capital estadounidense, incluyendo oro, hierro, bauxita y coltán.
Con el objetivo de revertir las sanciones económicas y normalizar relaciones con Washington, altos funcionarios venezolanos propusieron al gobierno de Donald Trump un acuerdo sin precedentes: conceder a empresas estadounidenses participación dominante en los sectores petrolero y minero del país.
Según fuentes citadas por The New York Times, la propuesta —discutida durante varios meses entre emisarios de Maduro y el exenviado estadounidense Richard Grenell— incluía abrir todos los proyectos existentes y futuros de petróleo, gas y minerales estratégicos, redirigir exportaciones de crudo desde China hacia EE. UU. y reducir los contratos con socios rusos, chinos e iraníes.
“Maduro ofreció eliminar el nacionalismo de recursos que caracterizó al chavismo, a cambio de una salida diplomática y alivio de sanciones”, detallaron personas cercanas a las negociaciones.
La administración Trump finalmente rechazó la oferta y suspendió los contactos diplomáticos, dejando sin efecto, por ahora, la apertura económica propuesta por Caracas.
Reservas y activos en disputa
Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles, así como importantes yacimientos de gas natural, oro, hierro, bauxita y coltán —este último, un mineral clave en la fabricación de baterías eléctricas y equipos tecnológicos—.
El acuerdo discutido habría otorgado a compañías estadounidenses acceso preferencial a estos sectores, revirtiendo dos décadas de nacionalización de la industria extractiva.
La propuesta también contemplaba la reducción drástica de los vínculos con China, destino actual del 70 % del crudo venezolano, y un redireccionamiento del flujo exportador hacia refinerías estadounidenses.
Actualmente, Venezuela produce cerca de 1 millón de barriles diarios (bpd), muy por debajo de los 3 millones que generaba en 1999, al inicio del chavismo.
De esa producción, unos 100.000 bpd son exportados por Chevron a EE. UU., bajo licencia especial del Departamento del Tesoro.
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Chevron y Shell: señales de apertura controlada
A pesar del rechazo político de Washington, Chevron ha recuperado en 2024 licencias operativas plenas y el control total de sus proyectos conjuntos con PDVSA, lo que marca un cambio en la relación bilateral.
La petrolera estadounidense también negocia una participación en un nuevo bloque petrolífero del oriente venezolano.
Por su parte, Shell obtuvo una licencia del Tesoro estadounidense para reanudar operaciones en el proyecto Dragón, un gigantesco yacimiento de gas costa afuera que compartirá con Trinidad y Tobago.
El gas extraído será procesado y exportado desde territorio trinitario, bajo un esquema que evita transferencias directas al Estado venezolano.
“El objetivo de Caracas es demostrar que Venezuela sigue abierta a la inversión, incluso bajo sanciones”, afirman analistas del sector energético.
Un giro minero con implicaciones globales
Además del petróleo, el plan de Maduro ofrecía abrir la Faja del Orinoco y los distritos auríferos y ferrosos del Arco Minero del Orinoco a empresas estadounidenses, un corredor que concentra más del 90 % de las reservas minerales del país.
La región alberga yacimientos de oro, hierro, bauxita y coltán valorados en más de US$200.000 millones, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El acceso de empresas estadounidenses a estos recursos reconfiguraría el mapa minero latinoamericano, reduciendo la influencia de China y Rusia en el suministro de metales críticos y fortaleciendo la posición de EE. UU. en la cadena global de minerales estratégicos.
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Perspectiva: petróleo, política y poder
Aunque las negociaciones fueron interrumpidas, la estrategia venezolana marca un giro pragmático en la política de recursos naturales del país.
Para analistas del sector, la apertura parcial hacia corporaciones occidentales podría convertirse en un modelo de sobrevivencia económica ante la caída estructural de la producción y las necesidades fiscales de Caracas.
Sin embargo, el escenario político sigue siendo el principal obstáculo. La inseguridad jurídica, la ausencia de garantías democráticas y el control estatal sobre la renta minera y petrolera continúan disuadiendo la entrada de capitales de largo plazo.