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La dirigente advirtió que esta prórroga podría beneficiar a operadores informales y debilitar los esfuerzos de fiscalización y control.
La vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay, pidió al Gobierno, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas reforzar las acciones de control para frenar el avance de la minería ilegal en Cajamarca, especialmente en las zonas de Chugur, El Tingo y Sinchao.
En declaraciones a Radio Onda Popular de Cajamarca, Garay advirtió que la inacción de las autoridades y la falta de coordinación interinstitucional están permitiendo el crecimiento de esta actividad ilícita.
“Para solucionar el problema de la minería ilegal no solo basta con interdicciones o destrucciones. Tiene que hacerse un trabajo conjunto desde el Gobierno central, los gobiernos regionales, el Ministerio Público, la Policía y la Marina de Guerra”, señaló.
La representante también reclamó mayor control sobre los insumos usados por los mineros ilegales.
“¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde está la Policía? ¿Dónde está la fiscalía? Tienen que estar ahí, controlando, incautando y decomisando”, subrayó.
Inversiones formales en riesgo por expansión ilegal
Garay alertó que la presencia de mineros ilegales en Cajamarca pone en riesgo proyectos formales y responsables, como Yanacocha Sulfuros, Michiquillay y La Granja, que representan fuentes de inversión, empleo y desarrollo para la región.
“Muchos de los mineros ilegales han invadido proyectos formales. ¿Qué preferimos? ¿Que estén quienes trabajan legalmente o que ingresen los ilegales?”, cuestionó la vocera.
Recordó que Cajamarca se ubica en una zona de alta vulnerabilidad por su cercanía con Pataz (La Libertad) —una de las áreas más afectadas por la minería ilegal aurífera— y con la frontera con Ecuador, por donde se reporta el ingreso de maquinaria y personal con experiencia en extracción ilegal.
“Cajamarca es una de las regiones más expuestas por su ubicación estratégica, entre zonas de intensa minería y frontera internacional”, indicó.
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Posible ampliación del REINFO hasta por un año más
Durante su intervención, Garay también alertó que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podría ser ampliado seis meses o incluso un año más, pese a que fue concebido como un mecanismo temporal.
La dirigente advirtió que esta prórroga podría beneficiar a operadores informales y debilitar los esfuerzos de fiscalización y control.
“Estamos dentro de unos meses de campaña política, y tenemos la aprobación de una ley MAPE en stand-by. El Congreso no dice nada, la Comisión de Energía y Minas no dice nada. Lo más probable es que este 31 de diciembre se amplíe seis meses más o un año”, expresó Garay.
La vocera también criticó que, durante los últimos años, el Congreso no ha legislado de manera efectiva contra la minería ilegal, e incluso —dijo— “ha favorecido el desorden” mediante acuerdos con gremios informales.
“Durante estos años, el Congreso no ha legislado contra la minería ilegal. Más bien ha permitido un desorden, y eso genera desconfianza y pone en riesgo las inversiones futuras”, añadió.
Inestabilidad política y crimen organizado
Garay advirtió que la inestabilidad política del país favorece el avance de la minería ilegal y del crimen organizado, lo que no solo afecta la economía regional, sino también la salud pública y el medio ambiente.
“Necesitamos que se tomen acciones en lo que resta del año. Esta actividad es gravísima, no solo daña el medio ambiente, sino también la salud de las personas”, subrayó la vocera del Observatorio.