Enlace original:
https://www.rumbominero.com/portada2/mineria-ilegal-inversion-produccion-cafetera/
Una investigación periodística expone que el avance de la minería ilegal en San Ignacio amenaza la principal zona agroexportadora del norte peruano y pone en peligro la estabilidad de la inversión agrícola.
La expansión de la minería ilegal de oro en la provincia de San Ignacio, Cajamarca, está generando un impacto directo sobre uno de los polos agrícolas más dinámicos del país. De acuerdo con una investigación de Ojo Público, esta provincia, que produce más del 60% del café de toda Cajamarca, enfrenta una pérdida progresiva de fuerza laboral agrícola, contaminación ambiental y riesgo de pérdida de certificaciones internacionales debido al avance de operaciones auríferas no reguladas.
El fenómeno ocurre en un contexto de boom del oro, cuyo precio internacional superó los US$4.000 por onza en octubre, lo que ha disparado la rentabilidad de las actividades ilegales. Solo entre agosto y octubre, la investigación registró 23 retroexcavadoras operando en el cauce del río Chinchipe, frente a las 15 identificadas dos meses antes, en zonas donde antes predominaban cultivos de café y cacao.
San Ignacio concentra la mayor producción cafetalera del norte
San Ignacio es la tercera región productora de café del Perú. Entre 2016 y 2025, la región ha acumulado 665.857 toneladas de café. Además, la provincia es reconocida internacionalmente por su café de especialidad: de allí provienen Miguel Padilla y Blanca Flor Córdova, ganadores del certamen Taza de Excelencia en 2024 y 2022, respectivamente. Sin embargo, la fuga de mano de obra hacia los campamentos mineros ilegales amenaza la próxima temporada de cosecha.
Mientras una jornada agrícola paga S/50, los trabajadores obtienen S/300 o más en la minería, lo que ha generado una migración masiva que ya afecta la capacidad productiva de las cooperativas y asociaciones locales. “Es dramático que no se pueda cosechar por falta de trabajadores. Las economías ilícitas están compitiendo directamente con las actividades formales por los mismos recursos humanos”, advirtió David Gonzales, economista especializado en proyectos de café y cacao, a dicho medio.
También puedes leer: Golpe a la formalización minera: Bellido busca ampliar el REINFO hasta el 2029
Inversiones privadas en riesgo: más de US$25 millones comprometidos
El corredor agroindustrial San Ignacio–Jaén ha sido uno de los principales focos de inversión agrícola del norte en la última década. Según el medio, en esta zona se han instalado molinos, plantas de procesamiento y cooperativas exportadoras de café y cacao, con una inversión privada superior a los US$25 millones.
Estas iniciativas se consolidaron bajo modelos de comercio sostenible, producción orgánica y certificaciones de Comercio Justo, con acceso a financiamiento internacional.
No obstante, el avance de la minería ilegal está poniendo en jaque esa red de valor: la contaminación de ríos, la deforestación de cuencas y la pérdida de trazabilidad territorial amenazan con invalidar las certificaciones ambientales exigidas por la Unión Europea y Estados Unidos, pilares del mercado de cafés especiales.
Concesiones superpuestas y vacío de control estatal
La investigación periodística de OjoPúblico también revela que San Ignacio cuenta con 139 concesiones mineras activas, de las cuales 30 se superponen directamente con el cauce del río Chinchipe. Esta superposición, advierten los especialistas, refleja la falta de planificación territorial y la debilidad del sistema de fiscalización minera, lo que ha permitido la expansión de operaciones que operan fuera de los estándares ambientales y legales.
El uso intensivo de maquinaria pesada y mercurio está provocando la erosión de suelos agrícolas y contaminación de fuentes de agua, lo que podría afectar cultivos complementarios como cacao, arroz y pastos ganaderos en los próximos años.
También puedes leer: [Exclusivo] Cavero: legado del Congreso debe ser una ley para formalizar la pequeña minería
El caso de San Ignacio expone un desequilibrio estructural entre las actividades productivas sostenibles y las economías ilícitas extractivas. De persistir la expansión minera, hasta el 40% de la mano de obra agrícola podría migrar hacia la minería ilegal antes de 2026, comprometiendo la seguridad alimentaria, la estabilidad social y el atractivo de inversión privada en el norte peruano.