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El gobierno de Trump redefine la relación entre el Estado y la industria minera.
La política industrial del presidente Donald Trump ha abierto un nuevo capítulo para las compañías mineras estadounidenses dedicadas a los minerales críticos.
Bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional y reducir la dependencia de China, la Casa Blanca busca invertir directamente en empresas estratégicas de sectores como el litio, el cobre y las tierras raras.
Este cambio ha impulsado a numerosas mineras a intensificar su presencia en Washington, en una carrera por acceder a los fondos públicos y garantías estatales que acompañan el nuevo modelo de desarrollo.
Según una revisión de Reuters, al menos una docena de compañías ha contratado firmas de lobby de alto nivel desde inicios del año. La meta no es solo influir en decisiones regulatorias, sino garantizar un espacio dentro del ambicioso plan de financiamiento federal para proyectos mineros e industriales.
Del subsidio al capital público: una nueva forma de inversión estatal
Durante décadas, la política minera estadounidense se basó en subsidios, incentivos fiscales y préstamos blandos.
Hoy, esa estrategia ha sido reemplazada por un enfoque más directo: el Estado como accionista minoritario en las empresas consideradas esenciales.
Compañías como MP Materials o Lithium Americas son ejemplos del nuevo esquema, al permitir al gobierno participar en su capital accionario a cambio de financiamiento y apoyo operativo.
El caso más emblemático es el de Lithium Americas, que otorgó al gobierno estadounidense un 5 % de participación accionaria en la empresa y en su proyecto Thacker Pass, en Nevada.
A cambio, la compañía obtuvo un préstamo de US$ 2.260 millones para acelerar la construcción de su planta de procesamiento de litio, clave para la industria automotriz y energética del país.
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El lobby se transforma en una herramienta de posicionamiento empresarial
El nuevo escenario ha convertido al lobby político en una herramienta determinante para las empresas que buscan asegurar inversión pública y respaldo institucional.
Contratar a una firma de influencia ya no es solo una cuestión de imagen o de gestión de permisos: ahora significa competir por la atención del Tesoro, el Pentágono y el Congreso, actores centrales en la asignación de recursos.
Firmas como Ballard Partners, dirigida por el estratega republicano Brian Ballard, o The Bernhardt Group, liderada por el exsecretario del Interior David Bernhardt, representan a compañías que apuestan por esta estrategia.
Entre sus clientes figuran BHP Minerals Service, Korea Zinc, US Strategic Metals y Falcon Copper, todas ellas interesadas en vincularse al nuevo programa federal para el desarrollo de minerales estratégicos.
Empresas mineras que ya logran resultados
Algunas compañías han comenzado a capitalizar los beneficios de esta política. United States Antimony firmó recientemente un contrato de US$ 245 millones con la Agencia de Logística de Defensa, tras meses de trabajo conjunto con la firma de lobby Cassidy & Associates.
En paralelo, NioCorp, desarrolladora de una mina de escandio en Nebraska, ya recibió US$ 10 millones del Pentágono y busca un préstamo adicional de US$ 800 millones del Banco de Exportación e Importación.
De igual modo, Critical Metals Corp. ha invertido más de US$ 200.000 en servicios de cabildeo mientras negocia una inyección de capital estadounidense para su yacimiento de tierras raras en Groenlandia.
Cada contrato, cada reunión y cada contacto político reflejan la nueva competencia por posicionarse como socio preferente del Estado.
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Una carrera por el control de los minerales del futuro
El crecimiento de esta red de relaciones entre el sector público y privado ha dado origen a lo que los analistas denominan un “capitalismo estratégico”, en el que la rentabilidad empresarial se combina con los objetivos de seguridad y soberanía nacional.
El gobierno actúa como inversor y regulador, mientras las empresas adaptan sus discursos al interés geopolítico de Estados Unidos: controlar el flujo global de minerales críticos en un contexto de rivalidad tecnológica con China.
Este modelo ha tenido un impacto directo en los mercados. El ETF Sprott Lithium Miners, que agrupa a los principales productores del sector, ha subido más del 35 % en el último mes, impulsado por las expectativas de mayores inyecciones de capital federal y alianzas con el Pentágono y el Departamento de Energía.
Un modelo que redefine la inversión minera global
El avance de la política industrial estadounidense está marcando un precedente que podría replicarse en otros países productores.
Al combinar financiamiento público, control estratégico y participación empresarial, Estados Unidos abre un camino distinto al tradicional esquema extractivo.
Para las mineras, el desafío será demostrar que su operación no solo genera rentabilidad, sino también seguridad económica y tecnológica para el país.
En un contexto global de competencia por los recursos, la minería vuelve a ocupar un rol central en la agenda de poder. Y esta vez, el capital político parece tan importante como el capital financiero.