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La presidenta de la SNMPE instó a un debate técnico sobre la Ley MAPE.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Julia Torreblanca, destacó que promover un debate ágil y técnico sobre la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE) resulta clave para enfrentar los desafíos que atraviesa el país en materia de inseguridad y economías ilegales. La ejecutiva advirtió que es urgente establecer políticas públicas firmes que permitan resultados sostenibles y concretos frente a la expansión del crimen organizado.

“Promover un debate ágil y técnico sobre la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE) es fundamental para formalizar a los pequeños mineros, dándoles acceso a condiciones laborales dignas y promoviendo desarrollo responsable. Esta tarea debe ser asumida con mucha seriedad y responsabilidad por el Parlamento Nacional y el Poder Ejecutivo”, expresó Torreblanca. Agregó que prolongar mecanismos ineficaces solo debilitaría la lucha contra la informalidad minera.

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“De lo contrario, solo se estaría buscando la justificación de extensiones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), regulación que ha fracasado y que con la que se pretende perpetuar la informalidad impunemente”, señaló Torreblanca. Asimismo, enfatizó que “resulta de suma importancia que el Gobierno de transición se mantenga firme en la decisión de que el REINFO se cierra definitivamente el 31 de diciembre de este año”, descartando cualquier régimen paralelo que proteja a operadores ilegales.

¿Cómo fortalecer la inversión y la gobernabilidad en minería?

La presidenta de la SNMPE sostuvo que para impulsar la competitividad del sector minero energético formal es necesario agilizar trámites, corregir excesos regulatorios y garantizar la estabilidad jurídica. “Para el crecimiento del país se requiere mayor inversión privada, la misma que llegará mientras que se asegure el respeto al Estado de derecho, la estabilidad jurídica y la gobernabilidad”, afirmó. También señaló que se espera una reestructuración de Petroperú con mayor voluntad política y técnica, evitando seguir destinando fondos fiscales que no solucionan los problemas estructurales y que podrían emplearse en cerrar brechas sociales prioritarias.