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Pese a los operativos conjuntos, la expansión del delito y la violencia en la zona evidencian la magnitud del control que ejercen las mafias del oro.
La ofensiva contra la minería ilegal en la provincia de Pataz (La Libertad) ha generado pérdidas superiores a los S/ 245 millones para las organizaciones criminales, según un balance del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).
Sin embargo, las autoridades reconocen que la magnitud del problema excede la capacidad operativa del Estado, en una región donde confluyen economías ilícitas, violencia y explotación minera sin control.
Intervenciones con resultados, pero sin tregua
Entre las 33 operaciones realizadas bajo el Estado de Emergencia, las fuerzas del orden intervinieron 75 bocaminas, 24 socavones y 52 campamentos ilegales, destruyendo infraestructura y maquinaria vinculada a la extracción ilegal de oro.
Aun así, fuentes de inteligencia señalan que las bandas reagrupan sus operaciones en nuevas zonas, aprovechando los vacíos de presencia estatal y la demanda sostenida del mineral.
Incautaciones y control parcial del territorio
Las operaciones conjuntas permitieron la incautación de 72 armas de fuego —incluidos fusiles y subametralladoras—, así como más de 10.000 municiones. En total, 61 personas fueron detenidas, aunque la mayoría de ellas de nivel operativo, sin alcanzar todavía las estructuras financieras y logísticas del negocio ilegal.
Expertos en seguridad advierten que, mientras no se ataque el flujo económico del oro ilegal ni se formalicen las cadenas de producción, los golpes policiales seguirán siendo temporales.
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Un desafío estructural para el nuevo Gobierno
Si bien la coordinación entre Defensa, Interior y Energía y Minas ha permitido unificar criterios operativos, analistas consultados advierten que el enfoque debe trascender lo represivo y abordar la formalización minera, la presencia del Estado y la inversión en desarrollo local.
El caso de Pataz es hoy el reflejo de un modelo extractivo paralelo, donde el oro ilegal financia redes criminales, alimenta la economía regional y desafía la autoridad del Estado en el norte del país.
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