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Congresista y expertos advierten que extender el registro sin condiciones claras podría profundizar la informalidad.
La posibilidad de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha generado posturas encontradas dentro del sector. Más aún, cuando la Comisión de Energía y Minas, presidido por el congresista Víctor Cutipa, ya tiene listo un predictamen que extiende el registro hasta diciembre de 2026.
Mientras algunos actores consideran que la prórroga es necesaria para continuar con el proceso de formalización, otros alertan que una extensión sin reglas precisas pondría en riesgo la estabilidad del marco legal minero y la inversión privada. La discusión se desarrolla en un contexto de baja confianza empresarial y presiones sociales en zonas mineras, donde la informalidad y la falta de control ambiental siguen siendo los principales desafíos.
Posición política desde el Congreso
El congresista de Renovación Popular, José Cueto, expresó su rechazo a cualquier nueva ampliación del REINFO y recordó que el registro existe desde hace más de 12 años sin mostrar avances significativos en la formalización minera: “Ampliar nuevamente el REINFO sería repetir el mismo error. Ya se les ha dado demasiadas facilidades y siempre pasa lo mismo: se patea el problema hacia adelante”.
Cueto advirtió que mantener el esquema actual genera incertidumbre jurídica y envía un mensaje negativo a los inversionistas internacionales, lo que afecta directamente la llegada de capitales para exploración y expansión de operaciones mineras.
Asimismo, insistió en la necesidad de aprobar una ley MAPE que diferencie entre mineros artesanales formalizables y minería aluvial ilegal, altamente contaminante y perjudicial para las comunidades cercanas a los ríos.
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Condiciones y advertencias del sector empresarial
El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, calificó de “pésima” la idea de ampliar el REINFO sin cambios estructurales. Propuso tres condiciones mínimas que, a su juicio, deberían acompañar cualquier prórroga del registro:
- Fin de las exoneraciones penales para quienes operen fuera de la ley.
- Supervisión ambiental a cargo del Gobierno central, no de los gobiernos regionales.
- Control de explosivos mediante Sucamec, con polvorines descentralizados bajo supervisión técnica.
“Si no se cumplen estas condiciones, mejor apagamos la luz. Una ampliación sin control espantaría las inversiones y afectaría la exploración minera”, afirmó Gálvez.
El representante empresarial explicó que, durante los meses que demora la tramitación de permisos, los mineros ilegales suelen ocupar las zonas de interés geológico, lo que desincentiva la inversión en nuevos proyectos. “Nadie invertirá en un país donde las reglas son inestables y la autoridad no garantiza la seguridad jurídica”, puntualizó.
Perspectiva técnica sobre el proceso de formalización
Para el analista minero Iván Arenas, la ampliación del REINFO responde a problemas administrativos no resueltos. Explicó que los gobiernos regionales no han transferido toda la información al Ministerio de Energía y Minas, lo que impide cerrar el proceso de formalización.
“El problema no es solo si se amplía o no, sino qué tipo de REINFO se ampliará. Hay temas pendientes sobre el manejo de explosivos, la gestión ambiental y los acuerdos de explotación”, explicó Arenas. El especialista agregó que el debate en el Congreso se mantiene dividido: algunos parlamentarios apoyan una ampliación de hasta cinco años, mientras otros —como Flavio Cruz de Perú Libre— se oponen a continuar prorrogando el registro.
De aprobarse una nueva ampliación sin medidas de control, el país enfrentaría mayores riesgos de informalidad, pérdida de trazabilidad y desconfianza en el mercado internacional del oro.
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Riesgos para la inversión y la gobernanza minera
Los expertos coinciden en que una prolongación indefinida del REINFO afectaría la competitividad del Perú frente a otros países de la región que avanzan en modelos más eficaces de formalización minera.
Además, una extensión sin mecanismos de fiscalización uniforme dificultaría la gestión ambiental y la seguridad jurídica de las concesiones, incrementando el riesgo operativo para las empresas que invierten en exploración y producción.