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La organización advierte que ampliar la vigencia del REINFO hasta 2029 agravaría la impunidad y el poder de las economías ilícitas vinculadas al crimen organizado.
Ante el cambio de gobierno y el creciente problema de inseguridad, el Colectivo PAS – País Seguro – pidió al Ejecutivo y al Congreso asumir con urgencia la tarea de combatir la minería ilegal, considerada hoy la principal economía ilícita del país. Según la organización, esta actividad financia la criminalidad, genera corrupción y provoca graves daños ambientales, por lo que urge una respuesta firme del Estado.
El colectivo cuestionó el funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que debía servir como herramienta de formalización para la pequeña minería y la minería artesanal. Sin embargo, sostiene que ha facilitado el crecimiento y la impunidad de la minería ilegal, debilitando la autoridad del Estado. El REINFO vence el 31 de diciembre de 2025 y, según PAS, debe cerrarse con fiscalización efectiva, transparencia y acompañamiento técnico solo a quienes cumplan los estándares legales.
La preocupación crece porque la Comisión de Energía y Minas del Congreso busca extender el REINFO hasta el 2029, medida que, según el colectivo, perpetuaría la informalidad y la impunidad. “El país necesita una Ley MAPE con verdaderos controles ambientales, laborales y sociales”, sostiene PAS, destacando la importancia de la trazabilidad, la supervisión constante y sanciones efectivas.
¿Por qué la minería ilegal en Perú agrava la inseguridad y el crimen organizado?
El Colectivo PAS advierte que la minería ilegal no solo destruye ecosistemas, sino que está directamente asociada al narcotráfico, la trata de personas, el sicariato y el lavado de activos. Además, genera explotación laboral, pérdida de impuestos y corrupción. Por ello, el movimiento exhorta a todos los poderes del Estado a adoptar un marco jurídico riguroso y acciones inmediatas para erradicar esta actividad ilícita. “Enfrentar la violencia implica atacar la raíz del problema: las economías ilegales que financian el crimen”, enfatizó la organización.