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El Gobierno Regional de Puno emitió una ordenanza que busca frenar el avance de la minería ilegal e informal en siete provincias del departamento, priorizando la salud pública y la remediación ambiental.
El Gobierno Regional de Puno declaró en situación de emergencia ambiental a todo el departamento debido a la expansión de la minería ilegal e informal, que ha incrementado su presencia en las provincias de Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar.
La medida, publicada el jueves 23 de octubre en el diario oficial El Peruano mediante la Ordenanza Regional N° 000015-2025-GRP/GR PUNO, busca controlar y fiscalizar las actividades mineras ilegales, además de proteger la salud pública y los ecosistemas afectados.
Entre las principales acciones dispuestas se encuentran:
- Activar mecanismos inmediatos de atención y control ambiental.
- Priorizar la remediación de áreas contaminadas.
- Proteger la salud de las comunidades expuestas.
- Impulsar la coordinación intergubernamental frente a la minería ilegal e informal.
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Asimismo, la Gerencia Regional de Autoridad Ambiental, la Dirección Regional de Energía y Minas y la Dirección Regional de Salud deberán formular un Plan de Acción Ambiental Regional de Emergencia en un plazo máximo de 60 días, es decir, hasta el 22 de diciembre.
“El Gobierno Regional de Puno gestionará ante el Poder Ejecutivo, ministerios y organismos internacionales el apoyo técnico, financiero y logístico necesario para atender la situación”, señala el texto oficial.
La minería ilegal se expande con el alza del oro
El director regional de Energía y Minas, Edwin Chambilla Palomino, explicó que el auge de la minería ilegal en Puno está vinculado al incremento del precio internacional del oro y a la falta de un marco legal actualizado que permita avanzar en la formalización.
“Solo tenemos un poco más de 5.000 mineros inscritos en el REINFO, de un total de 12.000 que figuraban antes. El resto ha pasado ahora a la fila de los ilegales”, advirtió Chambilla.
El funcionario resaltó la urgencia de aprobar una Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) que brinde herramientas reales de formalización y asistencia técnica, e incluya a los gobiernos regionales en los procesos de supervisión, capacitación y control.
“La norma debe adecuarse a las realidades mineras de cada zona y permitir un verdadero ordenamiento del sector”, enfatizó Chambilla, quien advirtió que la falta de regulación agrava los delitos asociados como la invasión de terrenos, la contaminación ambiental y la pérdida de control sobre las zonas de extracción.