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Expertos advierten que la ampliación del Reinfo impulsada por congresistas permitiría que la minería ilegal se siga camuflando en la formalización.
El debate sobre la formalización minera volvió al centro de la discusión política tras el reciente intento de ampliar por cinco años el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez presentaron una iniciativa para prolongar su vigencia, una medida que, según expertos, responde a un populismo minero que ofrece soluciones simples a problemas estructurales y complejos.
“Tanto el congresista Guido Bellido como el congresista Roberto Sánchez pretenden que el Reinfo se extienda por cinco años más. Como ustedes saben, los Reinfos vigentes permiten que la minería ilegal se camufle en ellos. Es importante decir que los Reinfos que no están vigentes no sirven absolutamente para nada”, explicó Iván Arenas, especialista en políticas públicas y minería, en exclusiva para Rumbo Minero tv. El analista advirtió que esta propuesta perpetuaría un sistema que ha sido utilizado como escudo por operadores informales.
En los últimos meses, el Ministerio de Energía y Minas anuló cerca de 55,560 Reinfos, quedando actualmente unos 31,000 activos que deben culminar su proceso de formalización antes del 31 de diciembre, según los compromisos asumidos por el anterior titular del Interior. “Desde la Comisión de Energía y Minas todo indica que también existe un acompañamiento en este populismo minero porque el señor Víctor Cutipa, presidente de la Comisión, pretende llevar al actual ministro de Energía y Minas a una nueva audiencia frente a los mineros en Arequipa”, agregó Arenas.
¿Qué riesgos implica ampliar el Reinfo en la lucha contra la minería ilegal?
Para el especialista, el riesgo central radica en que las presiones políticas terminen favoreciendo la ilegalidad. “Hay presiones para la ampliación del Reinfo, presiones que a la larga serán básicamente la posibilidad de ampliar este registro por cinco años más y así beneficiar a la ilegalidad”, concluyó. Esta situación plantea un desafío para las políticas de formalización minera y evidencia la tensión entre la búsqueda de inclusión económica y el control efectivo de la minería ilegal en el país.