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El experto advierte que el Estado afrontaría un gasto equivalente al 30% de las reservas internacionales si asume la remediación de los PAMs.
Asumir la remediación de los más de 50 mil pasivos ambientales mineros (PAMs) vinculados a las inscripciones vencidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) podría representar para el Estado peruano un gasto superior a los US$25 mil millones. Así lo señaló Raúl Benavides, director de Compañía de Minas Buenaventura, durante su exposición “Pasivos ambientales y cierre de minas: Retos y oportunidades”, en el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El especialista sostuvo que la magnitud del problema demanda implementar una estrategia integral de gestión ambiental que involucre al Estado, la empresa privada y la academia. Explicó que el monto estimado equivale a casi el 30% de las reservas internacionales del país, por lo que resulta urgente establecer prioridades y mecanismos de intervención eficientes.
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De acuerdo con el Anuario Minero 2024 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se han identificado 6,001 PAMs a nivel nacional, de los cuales 3,346 no están siendo gestionados. Benavides detalló que unos 238 de estos presentan un riesgo alto o muy alto, lo que los convierte en los principales candidatos a remediar. Remediar cada pasivo ambiental puede costar en promedio unos US$500 mil, lo que evidencia la magnitud del desafío económico y técnico que enfrenta el país.
¿Por qué urge acelerar el cierre de minas en el Perú?
El director de Buenaventura destacó que el proceso de cierre de minas requiere una revisión integral para hacerlo más eficiente. Señaló que los costos de mantenimiento post cierre son elevados y que la certificación de cierre final puede tardar décadas. Desde la implementación de las leyes sobre pasivos ambientales y cierre de minas, sólo siete operaciones han obtenido certificación, lo que refleja una lentitud preocupante. Benavides concluyó resaltando la necesidad de agilizar los procesos y optimizar los recursos para destinarlos a proyectos de rehabilitación que generen mayor impacto y beneficio social.