Enlace original:
El sector minero carece de respaldo político e institucional para consolidarse como política de Estado.
La minería peruana, pilar de la economía nacional y motor de desarrollo regional, enfrenta una paradoja: mientras sostiene gran parte de la recaudación fiscal, el empleo formal y la inversión extranjera, permanece fuera de la agenda pública nacional.
Su rol estratégico se ha diluido entre debates coyunturales y la falta de decisión política para fortalecer una industria formal, moderna y sostenible.
El documento Visión de la Minería en el Perú al 2030, elaborado en 2019 por el Grupo RIMAY con representantes del Estado, la academia y el sector privado, propuso un horizonte claro: formalización, competitividad, sostenibilidad ambiental e inclusión social. Sin embargo, a seis años de su publicación, los avances son mínimos. No se ha logrado construir una política minera de Estado, ni consolidar la gobernanza necesaria para el desarrollo responsable del sector.
Formalización y competitividad: retos pendientes
El desafío más urgente sigue siendo la formalización minera. Miles de operaciones ilegales continúan expandiéndose con gran poder económico y territorial, afectando ecosistemas, comunidades y hasta estructuras institucionales. La permisividad frente a la minería ilegal ha debilitado a las empresas formales que cumplen con la ley, tributan y generan desarrollo sostenible.
A la par, proyectos de inversión clave como Tía María, Michiquillay o Río Blanco siguen detenidos, mientras la conflictividad social y la falta de autoridad local obstaculizan su avance. La ausencia de liderazgo político y de una narrativa nacional sobre los beneficios de la minería moderna impide que el país capitalice su potencial productivo y tecnológico.
También puedes leer: Exploración, procesamiento y más: el valor de las startups en minería
Educación y cultura minera
La falta de comprensión sobre la minería formal comienza en la educación. La currícula escolar prácticamente omite el tema, limitando la posibilidad de construir una cultura minera ciudadana basada en información, ciencia y respeto ambiental. Esta omisión contribuye a que amplios sectores asocien minería con daño o conflicto, ignorando su papel en la infraestructura, energía, innovación y sostenibilidad nacional.
Gobernanza y legitimidad social
La minería requiere institucionalidad sólida, decisiones coherentes y participación ciudadana informada. Sin embargo, la inestabilidad política y la fragmentación social han desplazado al sector de las prioridades del Estado. La minería formal necesita volver a ocupar su espacio como actividad estratégica nacional, articulada a la educación, la infraestructura y la transición energética.
Un llamado a la acción
Integrar la minería en la agenda pública no es solo una cuestión económica: es una decisión política de país. Se trata de construir confianza, garantizar el cumplimiento ambiental, promover la innovación y asegurar que los beneficios lleguen a las comunidades. Solo así podrá garantizarse una minería moderna, competitiva y legítima ante la sociedad.
Artículo basado en el análisis de Carlos Humberto Alva, abogado y exasesor de Alta Dirección del Ministerio de Energía y Minas, especializado en gestión social. Publicado en la edición 175 de la revista Rumbo Minero.
También puedes leer: Ingemmet usa el espectrorradiómetro FieldSpec 4 Hi-Res: ¿Para qué sirve?