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Lima, CADE Ejecutivos 2025, Por Mónica Belling. La Decisión 774 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aprobada en 2012, cobra una vitalidad crítica ante el expansivo escenario de minería ilegal que azota la región. La empresaria minera Eva Arias puso de relieve la necesidad de asumir esta problemática en conjunto, señalando que “No es un problema únicamente de acá de mi patria, es un problema que está más allá”. En este contexto, rescató el acuerdo de 2012 que aprueba la Política Andina de “Lucha contra la Minería Ilegal”, entre los países miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).
La Decisión 774 tiene como objetivo explícito “enfrentar de manera integral, cooperativa y coordinada a la minería ilegal y actividades conexas, que atentan contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana”. Por lo tanto, el instrumento normativo internacional ya existe para exigir el trabajo coordinado y cooperativo contra la criminalidad organizada, tal como apeló la empresaria peruana en su intervención durante la CADE Ejecutivos 2025.
Quedó claro que la minería ilegal no es solo un tema nacional. De hecho, su alcance va más allá de la región CAN, extendiéndose a buena parte del “hemisferio sur”, llegando a países como Brasil en este continente o naciones de África.
Esto nos lleva a una reflexión política inevitable: ¿Qué resultados tangibles se pueden alcanzar con la CAN en este ámbito subregional, y cuán efectiva puede ser su existencia para contribuir a una solución sostenible frente a la minería ilegal transnacional?
El contraste nacional: la informalidad y la crisis del REINFO
Para evaluar la necesidad de la cooperación andina, es crucial entender los desafíos internos de Perú. A nivel nacional, el debate sobre la informalidad minera se centra en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Si bien este registro otorga a los mineros en proceso de legalización una “aparente informalidad, pero que están dentro de la legalidad”, las normas permiten que algunos inscritos utilicen el padrón para “disfrazar la ilegalidad”.
La principal distorsión, señalada por Arias, ocurre cuando el REINFO se usa para encubrir minería ilegal en zonas vedadas. “Tú puedes tener un registro y estar haciendo minería […] ilegal, por ejemplo, en una reserva natural donde está prohibido hacer minería”, afirmó, citando también las operaciones en cuerpos de agua, zonas arqueológicas o concesiones formales. Por ello, la urgencia de corregir esta situación, es fundamental para que el país pueda tener una “economía más formal” y llevar a los que están en la informalidad a “transitar rápido la formalidad”, dada la alta necesidad de conocimientos técnicos y control ambiental, por tratarse de una actividad qu7e conlleva riesgos.
El reto de la criminalidad se enmarca en la necesidad de un mayor compromiso del sector privado. Arias puso en contexto la sólida industria minera de Perú como productor clave de cobre, plata, zinc y oro, aunque reconoció la situación “anómala” en seguridad que quizá aún no se dimensiona en sus consecuencias; por ello, pidió al empresariado a ser parte de la solución “con realismo y responsabilidad”, además de buscar “generar desarrollo” en las comunidades cercanas.
La ejecutiva citó la labor en el distrito de Pataz como ejemplo concreto, donde los esfuerzos empresariales, complementados con programas estatales, aseguraron servicios básicos como la luz eléctrica. Recordó el legado de su padre, el empresario minero Jesús Arias, quien le enseñó que una mina “no solo es extraer mineral, es transformar la riqueza mineral en oportunidades de desarrollo”.
Finalmente, fue emotiva la conclusión de su intervención ante cientos de líderes empresariales ante el pedido de dirigirse a los jóvenes: “El país que vamos a dejar para ustedes, y que ustedes dejarán para sus hijos, debe ser un Perú mejor, un lugar donde se pueda vivir bien…” y declaró: “Adoro a mi país, adoro la minería”.