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El presupuesto financiará operativos de interdicción, detección, etc.

En entrevista exclusiva con Rumbo Minero, el Gral. FAP (r) Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, adelantó que el Gobierno Nacional ha asignado un presupuesto superior a S/177 millones para la Acción Estratégica 0128: Reducción de la Minería Ilegal, con el objetivo de reforzar la lucha contra esta actividad ilícita que amenaza los ecosistemas, la seguridad y la economía formal del país.

¿Cómo se distribuirá el presupuesto para la lucha contra la minería ilegal en 2026?

Los recursos se distribuirán entre cinco entidades clave del Estado, con énfasis en las acciones operativas de interdicción, seguimiento, defensa legal y vigilancia ambiental. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior concentrarán el 97% del presupuesto total, en una estrategia de intervención directa en zonas críticas de extracción ilegal.

Ministerio del Interior: S/82,6 millones para control y operativos de interdicción

El Ministerio del Interior administrará un presupuesto aproximado de S/82,6 millones, destinados a reforzar las operaciones policiales de interdicción en zonas de extracción ilegal, control de garitas, investigaciones periciales y seguimiento del programa.

De este total, destacan S/79,8 millones para la ejecución de operaciones policiales en campo, orientadas a desmantelar campamentos, maquinaria y redes logísticas vinculadas a la minería ilegal, principalmente en regiones como Madre de Dios, Puno, Ucayali y Amazonas.

El sector también contará con recursos para la gestión y evaluación del programa, con más de S/2 millones para el seguimiento y monitoreo de resultados.

Ministerio de Defensa: S/91,9 millones para soporte logístico y operaciones conjuntas

El Ministerio de Defensa recibirá S/91,9 millones, el mayor monto de la acción presupuestal, para liderar las operaciones conjuntas de erradicación y soporte logístico en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Los recursos permitirán mantener activos los equipos de interdicción aérea y fluvial, además de brindar apoyo logístico y de inteligencia operativa en los puntos más afectados por la minería ilegal.


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Sernanp y Procuraduría refuerzan la detección y defensa judicial

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) contará con S/2 millones, destinados a la elaboración de mapas de actividad minera ilegal y acciones logísticas en áreas naturales protegidas. Estas labores son esenciales para planificar intervenciones y evitar que la minería ilegal se expanda en zonas de alto valor ecológico.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado ejecutará S/716 mil para fortalecer su rol en los procesos judiciales y la ejecución de sentencias contra los responsables de la actividad ilegal. Esta medida busca consolidar el trabajo operativo con una respuesta efectiva en el ámbito legal.

SUCAMEC: fiscalización de explosivos y control de insumos

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) dispondrá de S/190 mil para el control y fiscalización de la comercialización de explosivos, insumo clave utilizado en las operaciones ilegales de extracción minera.

Con ello, se reforzará el control de insumos peligrosos y se contribuirá a cortar las cadenas logísticas que abastecen la minería ilegal.

Estrategia integral y multisectorial

En conjunto, la distribución del presupuesto evidencia una estrategia integral del Estado, centrada en la interdicción directa, control logístico, vigilancia ambiental y defensa legal.

Con estas acciones, el Gobierno busca reducir significativamente la minería ilegal, fortalecer la capacidad operativa en campo y proteger los recursos naturales y territorios del país.


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Crecimiento sostenido del presupuesto en los últimos años

El presupuesto 2026 de S/177,8 millones representa un incremento sostenido respecto a los años anteriores, evidenciando el compromiso del Estado con una política de control y formalización minera más efectiva.

En 2024, el Gobierno destinó un presupuesto inicial de S/65 millones orientado principalmente a operativos policiales y programas de erradicación de la minería ilegal.

Un año después, en 2025, el monto se incrementó a S/70 millones, con un enfoque en fortalecer la coordinación interinstitucional, así como en potenciar las capacidades de inteligencia y fiscalización para hacer frente a esta actividad ilícita en diversas regiones del país.