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El sector enfrenta menor dinamismo por conflictos socioambientales, baja demanda de materiales y falta de claridad regulatoria.
La industria minera colombiana atraviesa un periodo de contracción marcado por la caída de la inversión extranjera directa (IED). Según el boletín estadístico Minería en cifras, elaborado por la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética, la IED en minas y canteras se redujo un 31 % durante el primer trimestre del año. Este descenso refleja la desaceleración en la ejecución de proyectos, así como una mayor cautela por parte de los inversionistas frente al entorno económico y normativo.
El retroceso se atribuye a una combinación de factores: la menor claridad regulatoria, el aumento de conflictos socioambientales en zonas productoras y la disminución de la demanda interna de materiales de construcción. Según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (ASOGRAVAS), entre 2022 y 2025 el consumo de estos materiales cayó cerca del 18 %, lo que impactó directamente en la actividad constructora y en la generación de empleo en regiones mineras.
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Camilo Tovar, docente del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado y consultor jurídico de Team Consultor, señaló que “estas cifras reflejan un punto de ajuste para el sector, en el que confluyen factores globales y locales como los cambios en la matriz energética, la evolución de los estándares de sostenibilidad y las nuevas expectativas de gobernanza”. Añadió que más que una alerta, los resultados constituyen un llamado a fortalecer la planificación, la estabilidad y la confianza institucional para que la minería siga siendo un motor de desarrollo.
¿Cómo busca el Plan Minero 2035 reactivar la inversión en el sector?
Ante este escenario, el Plan Nacional de Desarrollo Minero a 2035 se plantea como una hoja de ruta esencial para recuperar el dinamismo del sector. El documento propone fortalecer la productividad bajo criterios de responsabilidad ambiental y social, promover la formalización de pequeños y medianos productores, diversificar la matriz minera y generar mayor valor agregado en las regiones productoras. Con estas medidas, el Gobierno colombiano espera consolidar una minería más sostenible, competitiva y alineada con los desafíos de la transición energética.