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La medida afecta 38 yacimientos e incrementa la presión sobre cadenas globales de estaño, tantalio y tungsteno utilizadas en tecnología y autos.
La República Democrática del Congo extendió por seis meses la prohibición del comercio de minerales provenientes de decenas de yacimientos artesanales en Kivu del Norte y del Sur, regiones afectadas por violencia armada. La medida, vigente desde febrero, responde a evidencias de que el suministro ilegal financia a grupos rebeldes en el este del país, según la orden firmada por el ministro de Minas, Louis Watum Kabamba.
La prohibición alcanza 38 yacimientos de coltán, casiterita y wolframita en los territorios de Masisi y Kalehe, restringiendo el abastecimiento y la exportación de insumos clave para las industrias electrónica, automotriz y aeroespacial. La ofensiva del M23, respaldado por Ruanda, ha intensificado el conflicto en la zona, generando miles de muertos y el desplazamiento de cientos de miles de personas.
Expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos señalan que la riqueza mineral ha alimentado históricamente la violencia, ya que los combatientes utilizan los yacimientos para financiar operaciones y sostener economías de guerra. Un informe de la ONU de 2024 indicó que el contrabando de minerales prolonga el conflicto y fortalece estructuras armadas que controlan territorios estratégicos.
¿Tendrá impacto global la ampliación de la prohibición?
La orden establece que los yacimientos restringidos podrán ser sometidos a auditorías independientes del Ministerio de Minas o de organismos internacionales como la ONU y la OCDE. En paralelo, Congo mantiene denuncias penales en Francia y Bélgica contra filiales de Apple por supuesta inclusión de minerales saqueados en su cadena de suministro, acusaciones que la empresa negó. En EE.UU., demandas contra grandes tecnológicas por cobalto extraído en condiciones abusivas fueron desestimadas, aunque el debate sobre la trazabilidad y la responsabilidad corporativa sigue vigente.