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La alianza entre grupos armados, narcotráfico y minería ilegal crea un circuito de financiamiento mutuo que deja una huella ambiental devastadora.
En entrevista exclusiva para Rumbo Minero, el abogado y especialista en derecho ambiental, Luis Macias, evidenció que Colombia vive una paradoja: cuenta desde 2023 con una ley de pasivos ambientales, pero arrastra un problema que se viene discutiendo desde hace más de dos décadas sin lograr resultados efectivos.
Aunque el Ministerio de Ambiente trabaja el tema desde el año 2000 a través de consultorías y exigencias puntuales de remediación, el país aún enfrenta dificultades para diferenciar —y actuar— entre pasivos ambientales históricos y daños ambientales vigentes. Esta confusión también ha alcanzado al ámbito judicial, donde los jueces han ordenado reparaciones bajo criterios dispares.
“Colombia ha avanzado en normativa, pero la práctica demuestra que seguimos enfrentando vacíos conceptuales y operativos”, señaló Macías.
Minería ilegal: el factor que multiplica los pasivos
El especialista subrayó que la minería ilegal se ha convertido en el principal generador de pasivos ambientales en el país. Su expansión en zonas de alta biodiversidad —muchas veces fuera del radar del narcotráfico tradicional— ha dejado impactos severos en ríos, suelos y ecosistemas completos.
“La alianza entre grupos armados, narcotráfico y minería ilegal crea un circuito de financiamiento mutuo que deja una huella ambiental devastadora”, advirtió.
En estas zonas, los pasivos no solo representan contaminación, sino también pérdida de control territorial y deterioro social.
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El rol del sector formal y los nuevos retos regulatorios
Macias enfatizó que el sector minero formal no enfrenta el mismo nivel de riesgo ni genera pasivos en la misma escala. Los cierres de minas están regulados dentro de los instrumentos de control ambiental, y aunque pueden existir tensiones entre la autoridad y el titular del proyecto, suelen resolverse dentro de la normativa vigente.
El verdadero desafío —sostuvo— es institucional. “El gran reto del país es desmontar las redes de minería ilegal y recuperar los territorios. Sin ese paso, ningún marco regulatorio será suficiente”.
Hacia una justicia ambiental más amplia
El experto destacó un avance relevante: en el proceso de justicia transicional, algunos ríos afectados por minería ilegal han sido reconocidos como sujetos de derecho, lo que obliga al Estado a garantizar su recuperación. Uno de los casos emblemáticos es el río Atrato, declarado por la Corte Constitucional como un ente protegido con derechos propios.
Este enfoque abre la puerta a un modelo de gestión ambiental más robusto, donde la fauna, flora y ecosistemas dejan de ser solo bienes afectados y pasan a ser actores legales con capacidad de protección.
Estas declaraciones las brindó durante su participación en el Segundo Simposio Internacional de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas (PACMIN).
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