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El programa MAPE registra uno de los recortes más altos del sector, mientras el gasto en control de minería ilegal se dispara.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República evalúa el Proyecto de Ley 12255/2025-PE, que fija un presupuesto general de S/ 257,561 millones para el Año Fiscal 2026. Dentro del sector Energía y Minas, los programas vinculados a minería muestran una tendencia desigual que plantea interrogantes sobre la estrategia estatal frente a la informalidad y la sostenibilidad ambiental.

La formalización minera recibe un recorte de 11.26%

El programa responsable de conducir a miles de operadores hacia la legalidad sufrirá una reducción presupuestal significativa.

El Programa 0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) pasará de S/ 15.5 millones a S/ 13.7 millones, lo que representa un recorte de –11.26%.

Esta disminución afecta directamente la capacidad del Estado para ejecutar asistencia técnica, evaluar expedientes, realizar inspecciones y acompañar procesos de acreditación que permitan diferenciar a los mineros formales de las operaciones vinculadas al circuito ilegal.


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El presupuesto para combatir la minería ilegal aumenta 151.80%

En contraste radical, el programa destinado a enfrentar la minería ilegal experimenta un crecimiento sin precedentes.

El Programa 0128: Reducción de la Minería Ilegal se incrementa de S/ 70.6 millones a S/ 177.8 millones, lo que equivale a un aumento de 151.80%.

Este salto presupuestal refleja una prioridad clara del Ejecutivo por reforzar operativos, inteligencia, fiscalización y articulación intersectorial para golpear estructuras criminales vinculadas a la extracción ilícita, el lavado de activos, la trata y la violencia asociada.

La remediación de pasivos ambientales disminuye 25.61%

La reducción del presupuesto también afecta al eje ambiental del sector.

El Programa 0120: Remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), orientado a la recuperación de zonas degradadas, baja de S/ 47.7 millones a S/ 35.4 millones, lo que implica un recorte de –25.61%.

Esta disminución limita la capacidad para intervenir sitios afectados por contaminación histórica, cuyos riesgos ambientales y sociales requieren atención técnica constante.

Una estructura presupuestal que deja preguntas abiertas

Las cifras del presupuesto 2026 muestran una marcada asimetría: mientras los recursos para la lucha contra la minería ilegal crecen de manera exponencial, los fondos destinados a formalizar y recuperar el entorno minero se reducen.

Este enfoque podría fortalecer la respuesta inmediata frente al crimen organizado, pero deja rezagados los dos pilares que, según especialistas, garantizan la sostenibilidad del sector a mediano y largo plazo: el ordenamiento de la MAPE y la remediación de pasivos ambientales.


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