Enlace original:
El 44 % del oro ilegal exportado desde Sudamérica proviene de Perú, señaló el Instituto Peruano de Economía.
Al cierre de este año, las exportaciones de oro de origen ilegal ascenderían a US$ 12.000 millones, casi equivalente al oro legal, anunció el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes.
Durante el seminario virtual “Minería ilegal: Una mirada internacional a la crisis”, organizado por el IPE, el economista señaló que el 44 % del oro ilegal exportado desde Sudamérica proviene de Perú, y que estos indicadores evidencian que la minería ilegal ha dejado de ser una actividad marginal.
Asimismo, Fuertes resaltó que en la última década las procesadoras se multiplicaron por 3.5 (alcanzado 13,876) y las exportadoras, por 11 (alcanzado 1,253). Paralelamente, las empresas productoras crecieron solo 18 % en similar periodo, e incluso se redujeron desde 2020 (de 302 a 274).
También puedes leer: Oro cae a US$ 4.047 y se encamina a baja semanal
Además, indicó que al menos 13,000 registros del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ubicaban en áreas naturales, zonas arqueológicas, entre otras áreas restringidas, lo que evidencia el uso del mecanismo como un paraguas legal para operaciones ilegales.
El evento organizado del IPE también contó con la participación de Lucía Dammert, profesora titular del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile; y, Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT Coalition de Estados Unidos.
Respuesta del Estado
Respecto a la respuesta del Estado frente a la minería ilegal, los expositores concluyeron que esta ha sido limitada. Fuentes advirtió que, pese a la magnitud del problema, el presupuesto para el programa de formalización minera se reduciría 60 % hacia 2026, mientras que las acciones de interdicción continúan enfocadas en operativos aislados sin suficiente inteligencia previa.
Para la el IPE, la estrategia del Estado debe considerar las siguientes medidas:
- Cierre definitivo del Reinfo y un nuevo esquema de formalización con trazabilidad real.
- Controles estrictos a comercializadoras y exportadoras.
- Fortalecimiento de inteligencia financiera y persecución de redes logísticas.
- Cooperación transfronteriza con países destino (compradores) y vecinos (productores) de la región.
- Desarrollo de alternativas económicas en zonas dependientes de la minería ilegal.
- Presencia del Estado sostenida en territorios vulnerables.