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Iniciativas locales impulsan empleo verde mientras la política federal busca reactivar la minería, generando tensiones en una región históricamente carbonífera.
En un valle del sureste de Virginia Occidental, Donnie Hairston vuelve a levantar colmenas derribadas por un oso mientras intenta recuperar cabras extraviadas. El antiguo minero participa en EDGE, iniciativa que promueve nuevos proyectos en comunidades golpeadas por la caída de la producción de carbón. Tras años de migrar en busca de trabajo minero, regresó a Berwind y, con apoyo de EDGE, inició un negocio avícola para abastecer alimentos en su condado.
A medida que el estado se ha alejado del carbón tras siglo y medio de dependencia, organizaciones sin ánimo de lucro y emprendimientos locales han impulsado proyectos vinculados a energía limpia y recuperación de tierras. Sin embargo, la postura del presidente Donald Trump, orientada a reactivar la industria carbonífera para alimentar sistemas de inteligencia artificial y centros de datos, ha puesto en tensión los esfuerzos de transición. Para los defensores de Virginia Occidental, el desafío es determinar si estas industrias pueden coexistir o si competirán directamente.
El fundador de EDGE, Jason Tart, sostiene que la coexistencia es posible y plantea que la agricultura puede integrarse con operaciones mineras para minimizar impactos. Pero las políticas recientes han reavivado preocupaciones: la orden ejecutiva de abril flexibilizó normas ambientales pese al historial de daños del sector. La extracción de carbón puede contaminar el agua y deteriorar la calidad del aire, incrementando riesgos de cáncer y neumoconiosis, enfermedad que afecta a uno de cada doce mineros veteranos en los Apalaches, según datos de salud pública.
¿Puede la economía local avanzar hacia una reconversión sostenible?
Coalfield Development, organización con sede en Huntington, trabaja con 300 millones de dólares en subvenciones federales y privadas para capacitar a exmineros en instalación solar y emprendimiento, además de convertir una mina abandonada en un proyecto fotovoltaico. No obstante, parte de estos fondos está en riesgo tras la reversión de legislación de 2022 que había destinado miles de millones de dólares a energías limpias bajo la administración Biden. La incertidumbre sobre el rumbo federal mantiene a la región debatiéndose entre su legado carbonífero y la necesidad urgente de una transición económica más sostenible.