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Un sistema más racional y eficiente, que mantenga los estándares ambientales
El especialista en derecho ambiental Pierre Foy Valencia afirmó que el principal desafío para enfrentar la minería informal en el Perú no es solo normativo, sino estructural: el Estado necesita modernizar su capacidad técnica y operativa para fiscalizar y certificar con eficiencia. Esto implica conformar un equipo tecnocrático especializado, capaz de actuar con criterios ambientales sólidos y con capacidad de intervención inmediata.
Foy sostiene que el derecho ambiental avanza de manera progresiva, pero su eficacia depende de la formación y desempeño de quienes lo aplican. “Podemos tener buenas normas e instituciones modernas, pero sin personas capacitadas no se logra nada”, enfatizó.
Una mirada integral para abordar la minería informal
Para el especialista, la minería informal es un fenómeno que supera los marcos convencionales del derecho. Tiene dimensiones:
- ambientales, por el daño que genera;
- mineras, por la ausencia de regulación técnica;
- extranormativas, porque involucra incentivos económicos, territoriales y sociales propios de la informalidad.
En lo extranormativo, Foy explica que el Estado debe ofrecer opciones económicas viables que sean competitivas frente a lo que obtienen los mineros informales en su actividad. Sin alternativas reales, no se logrará que transiten hacia la formalidad.
Simplificar trámites ambientales para acelerar inversiones y control
Uno de los puntos centrales del análisis de Foy es la necesidad urgente de reducir plazos y trámites ambientales, especialmente en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Señala que el exceso de requisitos frena la competitividad del país y no necesariamente mejora el desempeño ambiental.
Propone un sistema más racional y eficiente, que mantenga los estándares ambientales, pero elimine duplicidades y procesos innecesarios. De esta manera, sostiene, se puede construir un entorno más atractivo para la inversión formal y reducir la ventaja competitiva de la informalidad.
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Racionalizar la fiscalización y fortalecer a las autoridades ambientales
En materia de fiscalización, Foy considera indispensable que los gobiernos regionales y locales, como Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), ejerzan sus funciones con autonomía técnica. Al mismo tiempo, el OEFA debe mantener una supervisión estricta para garantizar que los controles se ejecuten de manera adecuada y uniforme.
El especialista afirma que una fiscalización más rápida es posible si se trabaja con equipos eficientes, sin necesidad de aumentar personal, y si se aplica la normativa ambiental únicamente a lo pertinente para cada actividad productiva.
Nuevas perspectivas en el derecho ambiental
Foy también identifica una tendencia emergente en el ámbito jurídico: el desarrollo del “sistema jurídico y animales”, que aborda a los animales como seres sintientes y no como simples bienes, en línea con las legislaciones de Francia y España. Esta área se integra de manera transversal a diversas ramas del derecho, incluida la ambiental.
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