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Alto comisionado advierte que reincorporar registros excluidos del Reinfo afectaría la estrategia nacional contra este delito.
El alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, informó que el Poder Ejecutivo ejecutó 960 operativos en diversas regiones del país, logrando incautar y destruir bienes, maquinaria e insumos empleados en actividades de minería ilegal por un valor superior a S/3700 millones.
Detalló que estos resultados fueron alcanzados mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
García remarcó que la estrategia del Ejecutivo comprende tres fases: la intervención directa, la consolidación de la presencia estatal para evitar el retorno de operadores ilegales, y el sostenimiento permanente de las zonas intervenidas mediante puestos de control, como ocurre actualmente en Pataz.
Asimismo, indicó que la comisión multisectorial ha establecido tres ejes de acción prioritarios: formalización minera, erradicación de la minería ilegal y recuperación ambiental. Sobre este último punto, explicó que el Ministerio del Ambiente trabaja una nueva propuesta enfocada en restauración ecológica con desarrollo sostenible, que incluye mejoras en conectividad, servicios básicos, energía y promoción de actividades económicas alternativas.
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Riesgos del Reinfo
García alertó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no ha mostrado resultados suficientes, pues solo poco más del 2 % de los inscritos completó realmente su proceso. En ese sentido, advirtió que reincorporar a los más de 50 mil registros excluidos debilitaría de manera directa la lucha contra la minería ilegal.
Señaló también que impedir nuevas exclusiones agrava el problema, dado que numerosos registros activos no cumplen requisitos legales y operan fuera del marco normativo, facilitando el avance de economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la trata de personas.
Finalmente, destacó que el Gobierno ha incrementado el presupuesto destinado a combatir esta actividad criminal, lo que permitirá fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, reconoció que aún es necesario ampliar los recursos asignados a la Fiscalía en materia ambiental, esfuerzo que se encuentra en evaluación.
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