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Constitucionalistas alertan que la propuesta dejaría sin control al Estado y afectaría la seguridad jurídica del sector minero.
El dictamen de la Comisión de Energía y Minas que propone prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2027 se discutirá hoy en el Pleno del Congreso, mientras grupos de mineros informales protestan en el Centro de Lima exigiendo que no se modifique “ni una sola letra” del texto.
Sin embargo, especialistas consultados por El Comercio advierten que el dictamen contiene vicios graves que van más allá del plazo, pues no solo sería inconstitucional, sino que además debilitaría la fiscalización estatal, dejando sin efecto al menos 18 de las causales de exclusión establecidas actualmente.
El informe legislativo plantea tres cambios centrales: la ampliación del REINFO, la suspensión de los procedimientos de exclusión y la posibilidad de reincorporar más de 50 mil registros ya depurados, lo que revertiría años de depuración administrativa.
Los constitucionalistas Natale Amprimo y Lucas Ghersi recuerdan que el Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunció —en una sentencia del 2021 revisada en abril de este año— contra las prórrogas que mantienen el status quo, pues generan desprotección del medio ambiente y vulneran derechos constitucionales.
Para Amprimo, el dictamen “renuncia al control estatal” y reproduce un “campo de irresponsabilidad” que el TC ya consideró inaceptable. Ghersi va más allá: afirma que la propuesta constituye un “desacato” a la sentencia del tribunal, dado que insiste en un sistema que el propio TC calificó como fallido.
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Impacto en la formalización
El aspecto más crítico, según los especialistas, es la suspensión de todos los procesos de exclusión del REINFO, incluidos los que ya están en trámite y los que debieran iniciarse. La medida dejaría sin efecto casi todas las causales vigentes que permiten retirar del padrón a operadores que incumplen la normativa, realizan actividades fuera del área declarada o invaden concesiones formales.
“Suspender exclusiones es equivalente a que el Estado autorice una invasión sin posibilidad de defensa”, advirtió Ghersi. Para el sector, ello representaría un golpe directo a la seguridad jurídica y a la protección de operaciones formales, varias de las cuales enfrentan ocupaciones ilegales.
El dictamen deja solo dos causales de exclusión: tener sentencia firme por minería ilegal, lavado de activos o trata de personas, y operar en zonas arqueológicas, ANP o reservas. Todo lo demás quedaría bajo un “manto de protección” temporal, condicionado a la aprobación de la nueva Ley MAPE o al eventual término del proceso de formalización, ambos plazos inciertos.
Para Ángel Chávez, del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, esta suspensión “le quita al Estado la capacidad de hacer cumplir su propia norma”, creando de facto un escenario de impunidad.
La discusión llega en un momento crítico para la pequeña minería y la minería artesanal, con protestas en varias regiones y un ecosistema regulatorio presionado por demandas sociales, vacíos legales y tensiones entre minería formal e informal. La decisión del Pleno será clave para determinar si el país avanza hacia un sistema de control más sólido o si, por el contrario, retrocede en sus esfuerzos de ordenamiento y formalización.
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