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Débil fiscalización, deforestación récord y ampliación del REINFO alimentan el avance de la actividad ilícita

Puerto Inca, en la región Huánuco, se ha convertido en el nuevo epicentro de la minería ilegal de oro aluvial. Así lo advirtió el ingeniero Marco Antonio Torres Marquina, exdirector regional de Energía y Minas y especialista en metalurgia, durante el foro Minería Regional: impulsando el crecimiento sostenible.

El especialista informó que hasta el 5 de diciembre se registraron 77 concesiones mineras en la provincia, de las cuales 41 cuentan con título vigente, 31 están en trámite, 3 figuran extinguidas y 2 en condición de otros. A ello se suman numerosas parcelas sin registro o excluidas del REINFO, que operan en distintas cuencas hidrográficas.

Minería ilegal en expansión

Según Torres, Puerto Inca ha absorbido la migración de operadores ilegales provenientes de zonas intervenidas como La Pampa (Madre de Dios), aprovechando la baja presencia estatal, el fácil acceso por los ríos Pachitea y sus afluentes, y la presión económica que empuja a pobladores y migrantes hacia la extracción informal.

Citando un artículo de Rumbo Minero, indicó que la zona ya supera a Madre de Dios en impacto ambiental. Estudios satelitales de ACCA revelan que la deforestación superó las 1.050 hectáreas en 2025, el doble que en 2024, afectando áreas como Yuyapichis y la reserva privada Panguana.

El fiscal Eduardo Nina Cruz agregó que los operadores ilegales utilizan maquinaria pesada en cauces de ríos, pese a la prohibición expresa para estas zonas.

Ampliación del REINFO hasta 2026

Torres recordó que el Congreso aprobó la ampliación del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2026, medida que suspende las exclusiones del REINFO salvo en casos de minería ilegal comprobada o actividad en zonas prohibidas. La propuesta de prohibir el uso de mercurio en minería informal también fue rechazada.

Para el especialista, esta extensión genera mayor incertidumbre en regiones como Puerto Inca, donde la presencia de registros depurados, trámites estancados e imposibilidad de control efectivo podría consolidar áreas grises difíciles de revertir.

Impactos ambientales y sociales crecientes

Torres Marquina alertó sobre la acumulación de mercurio en ríos, suelos y peces, afectando salud pública y biodiversidad. Señaló también la degradación de ecosistemas acuáticos, alteración de cauces y afectación directa a la pesca artesanal.

En el ámbito social, destacó la presencia de trabajo forzado, explotación laboral y de menores, trata de personas, campamentos insalubres y estructuras criminales que generan extorsión, sicariato y conflictos. Las comunidades indígenas enfrentan invasión de territorios, contaminación de fuentes de agua y pérdida cultural.

Desafío para el Estado: normas, tecnología y capacidad de respuesta

El exdirector denunció la debilidad institucional de organismos como MINEM, OEFA, PNP, DREM y Fiscalía Ambiental, que operan sin recursos suficientes y bajo fuerte presión de redes ilegales. A ello se suma la corrupción y un marco legal insuficiente para desmantelar organizaciones criminales.

Como alternativas, planteó fortalecer la formalización, brindar opciones económicas sostenibles y promover tecnologías limpias de extracción aluvial, como la concentración gravimétrica avanzada que evita el uso de mercurio y cianuro. Estas soluciones —ya aplicadas en Puno— podrían replicarse mediante plantas modulares compartidas, capacitación técnica y manejo eficiente del agua.

Torres concluyó que el futuro de Puerto Inca dependerá de decisiones inmediatas: “sin normas claras, tecnología limpia y compromiso institucional, la provincia corre el riesgo de consolidarse como la capital de la depredación ambiental en la Amazonía peruana”.