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Casas advierte que la minería ilegal representa un riesgo frontal para la cartera de US$ 20,000 millones ubicada en Cajamarca.
Carlos Casas, director del CEMS de la Universidad del Pacífico, advierte que la magnitud económica de la minería ilegal —que podría equiparar en empleo y superar en exportaciones a la minería formal— representa hoy el mayor riesgo para la estabilidad del sector y del país.
Según el economista Carlos Casas, en una entrevista dada a diario El Comercio, el PBI minero-energético —excluyendo actividades no mineras— representa actualmente alrededor del 12% de la economía peruana, proporción que podría aumentar este año por efecto de los altos precios de los metales.
Sin embargo, ese crecimiento no se reflejará plenamente en la recaudación del Estado debido al avance de la minería ilegal, que captura buena parte del valor generado por la actual subida del oro.
Casas recuerda que en 2007 la minería aportaba el 25% de la recaudación nacional, pero durante los últimos diez años dicho aporte cayó a 11%, pese a los ciclos favorables de precios.
En un contexto de oro récord, la falta de minas formales y el crecimiento de la actividad ilegal implican que el país está dejando de capturar recursos clave para la inversión pública.
Las estimaciones del CEMS muestran que la minería informal e ilegal moviliza entre 200,000 y 500,000 trabajadores, cifra equivalente o incluso superior a los 254,000 empleos directos que genera la minería formal.
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Exportaciones ocultas que podrían bordear los US$ 12 mil millones
Sobre el flujo comercial, Casas señala que existen estimaciones que sitúan el oro ilegal en US$ 12,000 millones de exportaciones.
El CEMS, con un cálculo más prudente, estima que el volumen real estaría alrededor de US$ 7,000 millones, una cifra que aún así supera con amplitud la recaudación fiscal perdida por esta actividad.
El problema estructural está en la trazabilidad: los comercializadores —menos regulados que las plantas registradas en el RECPO— “limpian” el oro de origen ilegal antes de ingresarlo a la cadena formal.
Casas advierte que la minería ilegal representa un riesgo frontal para la cartera de US$ 20,000 millones ubicada en Cajamarca.
Si esta actividad ingresa a esos territorios, los proyectos podrían volverse inviables y obligar a las empresas a operar con sistemas de seguridad privada extremos, deteriorando el clima de inversión y la capacidad del Estado para ejercer control.
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