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“Esto no puede permitirse. Los ilegales son quienes hoy están causando el mayor daño a la población y al entorno, por lo que corresponde su retiro y sanción”, remarcó.
Karina Garay, vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), advirtió que la situación que se vive actualmente en la zona de Conga evidencia las graves consecuencias de la ausencia del Estado y la falta de una política clara para promover una minería formal, responsable y con altos estándares ambientales.
Garay señaló que a paralización del proyecto Conga, ocurrida desde el 2010, generó un vacío que hoy está siendo ocupado por la minería ilegal, una actividad que no respeta ningún estándar y que termina afectando directamente a las comunidades y al medioambiente.
En ese contexto, la representante del OMI enfatizó que el Estado debe actuar de manera inmediata, imponiendo el principio de autoridad y desalojando a los mineros ilegales que han invadido la zona. “Esto no puede permitirse. Los ilegales son quienes hoy están causando el mayor daño a la población y al entorno, por lo que corresponde su retiro y sanción”, remarcó.
Falta de fiscalización
Garay sostuvo que el crecimiento de la minería ilegal en Conga responde principalmente a la débil capacidad de fiscalización tanto del Gobierno central como de los gobiernos regionales. “No se exigió ni se volvió a poner en agenda el cumplimiento de los parámetros necesarios para desarrollar una minería adecuada. Mientras el Estado mira a otro lado, los ilegales avanzan”, indicó.
Asimismo, recordó que Conga representa una inversión con alto potencial de beneficios para el país, en términos de empleo, desarrollo local y generación de recursos fiscales, siempre que se desarrolle bajo estándares ambientales y sociales estrictos.
Medidas urgentes
La vocera legal del OMI precisó que una de las prioridades del Gobierno debe ser ejecutar acciones firmes de interdicción, aprovechando el mayor presupuesto asignado a la lucha contra la minería ilegal. Estas medidas, añadió, deben ir acompañadas de una estrategia para reactivar inversiones mineras formales que generen empleo y contribuyan al crecimiento económico del país.
Finalmente, Garay alertó sobre el impacto internacional que tiene el avance de la minería ilegal en la imagen del Perú. “El hecho de que alrededor del 85% del oro que sale del país sea ilegal nos está restando credibilidad frente a los inversionistas. Preferir la informalidad que encubre la ilegalidad sobre una minería organizada espanta la inversión y perjudica seriamente al Perú”, concluyó.
Añadió que situaciones similares de invasión de mineros ilegales a concesiones formales también se registran en otras zonas del país, como Las Bambas y diversas operaciones de mediana y gran minería en Arequipa, lo que evidencia que se trata de un problema estructural que requiere una respuesta inmediata y sostenida del Estado.