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El valor de la tasa depende del número de hectáreas concesionadas.
El sector minero de Ecuador enfrentará en enero de 2026 un nuevo pago de la tasa de fiscalización minera, una imposición que desde su implementación ha generado cuestionamientos por su impacto económico y cuya primera recaudación estuvo muy por debajo de las expectativas del Gobierno.
Durante ese mes, deberán cancelar esta tarifa las empresas y personas naturales dedicadas a la pequeña, mediana y gran minería, así como aquellas que cuenten con licencias de comercialización. En el caso de la mediana y gran minería, el pago corresponderá al segundo desembolso completo, luego de haber realizado un pago proporcional en julio de 2025.
María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), reconoció que en la primera recaudación de la tasa minera “no todas las empresas pudieron pagar”.
Aunque aún no existen cifras oficiales, en el sector se estima que la recaudación habría alcanzado alrededor de US$ 12 millones, muy por debajo de la meta anual de US$ 220 millones planteada por el Gobierno. Estos recursos buscan fortalecer a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para combatir la minería ilegal.
El Ministerio de Ambiente y Energía no respondió a las consultas realizadas en julio, septiembre y diciembre de 2025 sobre los montos efectivamente recaudados.
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Gobierno publicará cifras en enero de 2026
El viceministro de Minas, Javier Subía, informó que las cifras oficiales se conocerán en enero de 2026, cuando se complete el calendario de pagos previstos para 2025.
No obstante, varias empresas han señalado que el monto de la tasa supera incluso su presupuesto anual, especialmente en proyectos que se encuentran en fase de exploración.
Un ejemplo citado en el sector es el de una empresa de gran minería en exploración inicial, con dos concesiones de 3.500 hectáreas cada una, cuyo presupuesto anual asciende a US$ 800.000, pero que deberá pagar alrededor de US$ 1,5 millones por la tasa. En julio de 2025, el pago proporcional fue de aproximadamente US$ 200.000.
Para Henry Troya, exviceministro de Minas, el pago de esta tasa representa “un golpe fuerte” para las empresas, lo que explica el bajo nivel de cumplimiento.
Indicó que, generalmente, las compañías que sí pagan lo hacen para mantener sus áreas “al día” y evitar trabas en trámites como licencias ambientales o contratos de operación. “Si no están al día, el informe económico será negativo”, precisó.
El valor de la tasa depende del número de hectáreas concesionadas, un factor relevante en un sector donde existen empresas con decenas de concesiones y miles de hectáreas bajo su control.
Según la resolución Arcom-003/25, la tasa oscila entre el 3 % y el 100 % de una remuneración básica unificada —que en 2025 es de US$ 470— por cada hectárea concesionada, dependiendo del tipo de minería y la fase del proyecto.
Pequeña minería pagará por primera vez en 2026
En el caso de la pequeña minería, el pago proporcional se realizará por primera vez en enero de 2026. Se estima que cancelar concesiones de hasta 500 hectáreas podría costar hasta US$ 200.000, un monto que muchos operadores no estarían en condiciones de asumir.
“Los pequeños mineros con buena producción podrían pagar, pero esos casos son contados”, señaló Troya.
Paúl Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, advirtió que más de 338 concesiones vinculadas a distintos casos aún no cuentan con todas las licencias necesarias para operar legalmente.
“¿Cómo vamos a pagar la tasa minera si el mismo Estado no nos ha garantizado la legalidad para trabajar?”, cuestionó.
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Impugnaciones y riesgo de salida de inversiones
En Cuenca, Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería local, indicó que la mayoría de sus afiliados de pequeña y mediana minería planea impugnar legalmente el cobro, al considerarlo injustificado y sin contraprestación.
“Solo un 5 % estaría dispuesto a pagar”, afirmó, y agregó que algunas empresas incluso evalúan devolver sus concesiones, recordando la salida del país de Ecuasolidus (Aurania Resources) debido a los altos costos asociados.
Actualmente, la Corte Constitucional analiza cinco demandas de inconstitucionalidad contra la tasa minera, impuesta en mayo de 2025.
Las empresas que no cumplan con el pago serán notificadas y enfrentarán cobros por vía coactiva, según la Arcom. Además, la Ley de Transparencia Social, aprobada en agosto de 2025, establece que el no pago de tasas puede ser causal de terminación de concesiones mineras.
El Viceministerio de Minas informó que, tras ocho años de cierre, el catastro minero recibió más de 320 solicitudes de pequeña minería no metálica entre julio y noviembre de 2025, muchas de las cuales se encuentran en evaluación.
Subía indicó que, una vez concluido este proceso, se prevé abrir el catastro para la mediana y gran minería, sectores clave para atraer inversión.
“El 2026 será el gran año para la mediana y gran minería metálica en Ecuador”, aseguró el funcionario.
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