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El Ejecutivo considera que esta competencia se intensifica en un contexto global marcado por la transición energética.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que la continuidad de protestas contra proyectos mineros estratégicos en el Perú podría terminar favoreciendo a Chile y Bolivia, países que compiten activamente por captar inversión minera internacional.
Durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que iniciativas emblemáticas como Tía María, en Arequipa, se han convertido en un indicador clave para medir la capacidad del Estado de garantizar condiciones de estabilidad y predictibilidad para el desarrollo de la minería formal.
“El día que Tía María inicie operaciones y logre desarrollarse sin mayores problemas, será una señal muy potente para los inversionistas extranjeros”, afirmó Álvarez.
En sentido contrario, advirtió que la paralización o frustración del proyecto enviaría un mensaje negativo a los mercados, con efectos de largo plazo sobre el crecimiento económico del país.
Álvarez señaló que, en un escenario de alta competencia regional, la incertidumbre generada por la conflictividad social puede provocar que capitales destinados al Perú terminen dirigiéndose a jurisdicciones vecinas con mayor estabilidad.
“Si el Perú no ofrece condiciones adecuadas para invertir, otros países como Chile o Bolivia se verán directamente beneficiados”, sostuvo.
El Ejecutivo considera que esta competencia se intensifica en un contexto global marcado por la transición energética y la creciente demanda de cobre, mineral en el que el Perú es uno de los principales productores mundiales.
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Inversión de Tía María y su impacto económico
Southern Perú, filial del Grupo México, confirmó en noviembre el inicio de obras de Tía María, con una inversión estimada de US$ 200 millones en 2025 y US$ 900 millones en 2026.
No obstante, el proyecto ha enfrentado más de 15 años de protestas sociales, principalmente de sectores agrícolas del valle del río Tambo, que expresan preocupaciones por posibles impactos ambientales.
Para el Gobierno, la puesta en marcha de Tía María no solo es relevante a nivel local, sino que tiene un impacto estratégico en la imagen del Perú como destino minero confiable.
El jefe del Gabinete cuestionó el papel que cumplen determinadas organizaciones no gubernamentales (ONG) en los conflictos sociales vinculados a la minería, señalando que varias de ellas cuentan con financiamiento extranjero y mantienen una postura abiertamente crítica contra la gran minería formal.
“Hemos visto que muchas ONG no tienen ninguna preocupación por la minería ilegal, que contamina de manera radical y extrema, pero son muy activas para atacar a la gran minería formal, que cumple estándares nacionales e internacionales”, indicó.
Álvarez remarcó que la minería formal genera empleo, paga impuestos y aporta al desarrollo regional mediante canon y regalías, a diferencia de la minería ilegal.
En su exposición, el premier recordó el caso del proyecto Conga, suspendido en 2012 tras intensas protestas sociales. Según afirmó, su paralización derivó en un escenario que fue aprovechado por la minería ilegal.
“No podemos dejar que suceda lo de Conga. Proyectos suspendidos terminan siendo parcialmente explotados por la minería ilegal”, advirtió.
En ese sentido, consideró que la paralización de proyectos emblemáticos no solo tiene consecuencias económicas, sino también impactos negativos en términos de orden territorial y presencia del Estado.
Álvarez enfatizó que la falta de nuevas inversiones mineras es “sumamente grave” para el país, considerando las brechas existentes en infraestructura, tecnología y educación.
“La inversión privada, y particularmente la minera, es fundamental para cerrar brechas históricas en regiones postergadas durante décadas”, señaló.
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Minería ilegal y límites del Reinfo
Finalmente, el titular de la PCM calificó a la minería ilegal como uno de los principales desafíos del país y reconoció que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no ha cumplido sus objetivos.
“El Reinfo no ha funcionado. Los requisitos son demasiado altos y costosos para los pequeños mineros”, afirmó, planteando la necesidad de reformular la normativa para promover una formalización efectiva.
Las declaraciones de Álvarez reflejan una posición clara del Ejecutivo a favor de la minería formal como motor de crecimiento, en un contexto de tensiones sociales, presiones políticas y creciente competencia regional.
Para el Gobierno, permitir que proyectos estratégicos sigan siendo paralizados no solo debilita la economía nacional, sino que abre la puerta para que otros países ganen terreno en la captación de inversiones clave para el desarrollo.
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