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https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/carlos-herrera-proyecto-conga-mineros-ilegales/

Cuestionó la oposición estructural a la minería formal en el país, basada en la percepción de que la gran minería genera daños ambientales.

La presunta incursión de mineros informales en la concesión del proyecto minero Conga, en la región Cajamarca, para la extracción ilegal de oro, ha vuelto a poner en el centro del debate la debilidad del Estado para ejercer control territorial y proteger las concesiones mineras. Así lo advirtió Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, en entrevista exclusiva con Rumbo Minero.

Para el exfuncionario, lo que estaría ocurriendo en Conga no es un hecho aislado, sino la repetición de un esquema que ya se ha visto en otros proyectos paralizados por conflictos sociales.

Conga repite lo ocurrido en Tambogrande

Herrera Descalzi recordó que un caso similar se registró en Tambogrande, un proyecto que contaba con buenas perspectivas, pero que fue dejado de lado tras la oposición de la población.

“Lo que ocurrió después es que llegaron mineros informales y hubo explotación informal. El caso de Conga es muy semejante”, señaló, recordando que este proyecto fue particularmente emblemático por el debate del “agua u oro” y las tensiones que generó.

El exministro cuestionó la oposición estructural a la minería formal en el país, basada en la percepción de que la gran minería genera daños ambientales, pese a que se trata de una actividad que opera bajo estándares ambientales estrictos, supervisión permanente del Estado y generación de impuestos y canon.

“Se termina aceptando, casi como un hecho, una minería informal mucho más peligrosa y contaminante que la minería legal”, advirtió, señalando además que no es común ver acciones efectivas del Estado contra la minería informal, como detenciones o intervenciones sostenidas.


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Preocupación por la normalización del ingreso a concesiones

Herrera Descalzi manifestó su preocupación por el discurso de algunos sectores de la minería informal, que consideran que el ingreso a concesiones otorgadas es un “problema del Estado” mientras se define cómo permitirles trabajar en terrenos ya concesionados.

“Eso equivale a pretender que el Estado autorice a ingresar a una propiedad privada ajena. Es un razonamiento muy peligroso”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó la narrativa que presenta a la pequeña minería como una actividad casi romántica de subsistencia.

“La realidad es que hay empresarios informales con numerosos trabajadores, a quienes no se les reconoce derechos laborales y que no cumplen con normas ambientales ni tributarias”, afirmó.

Consultado sobre la responsabilidad del Gobierno Regional de Cajamarca, el exministro consideró que hubo un manejo político del conflicto, vinculado a la idea de que los recursos generados por la minería debían ser administrados libremente por la región, mientras que los problemas sociales debían ser asumidos por la empresa.

No obstante, reconoció que los estudios ambientales iniciales de Conga no fueron suficientemente sólidos, al punto que una comisión de las Naciones Unidas identificó observaciones relevantes. “Eso también fue parte del problema”, admitió.


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Impacto en la imagen del Perú y la inversión

Para Herrera Descalzi, la presencia de minería informal en Conga representa “una raya más al tigre” en términos de imagen país, reforzando la percepción de que el Perú no logra gobernarse ni ejercer control efectivo sobre su territorio.

Indicó que esta situación afecta la confianza de los inversionistas, en un contexto en el que el país ha sostenido sus ingresos más por el alto precio de los minerales que por mayores volúmenes de producción.

“Cuando los precios bajen, vendrán momentos difíciles, y ahí se necesitará compensar con mayor producción e inversión, pero eso se está dando muy lentamente”, advirtió.

Finalmente, remarcó que la lucha contra la minería informal no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Energía y Minas, sino que requiere una acción coordinada del Estado.

“El primero que debería intervenir en estos casos es el Ministerio del Ambiente, como representación del Estado. Es muy ágil cuando se trata de inversión formal, pero en estos casos sería importante saber qué está haciendo”, concluyó.