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Las acciones contra la minería ilegal y otras economías ilícitas permitieron al sector Defensa afectar actividades criminales por más de S/ 874 millones durante el 2025.
Como parte de una estrategia integral de seguridad y control territorial, el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, ejecutó durante el 2025 una serie de operaciones orientadas a debilitar las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y al tráfico ilícito de drogas, actividades que afectan la gobernabilidad y el desarrollo sostenible del país.
Gracias a la presencia permanente y a las intervenciones realizadas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como en las provincias de Pataz y Putumayo, se logró afectar a las economías ilegales por más de S/ 874 millones, evidenciando resultados concretos en la lucha contra estas actividades ilícitas.
En la provincia de Pataz, región La Libertad, las acciones del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, generaron pérdidas estimadas en S/ 246 millones para las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, una de las principales amenazas para la minería formal y el orden público en la zona.
Fortalecer el control territorial
Estas operaciones no solo estuvieron dirigidas a golpear financieramente a las economías ilegales, sino también a reforzar la seguridad ciudadana. En ese marco, las Fuerzas Armadas brindaron apoyo directo a la Policía Nacional durante el Estado de Emergencia declarado en Lima y Callao.
En lo que va del 2025, las Fuerzas Armadas realizaron más de 9,800 patrullajes, desplegando en promedio a más de 1,600 efectivos diarios en distintos distritos del país, como parte de las acciones para fortalecer el control territorial y prevenir actividades criminales.
El sector Defensa destacó que estos resultados se debe a un trabajo sostenido, articulado y profesional, desarrollado en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades del Estado, priorizando las zonas con mayor incidencia delictiva y presencia de minería ilegal.
Las operaciones ejecutadas durante el 2025 permitieron no solo debilitar de manera significativa las economías ilegales asociadas a la minería ilegal y al narcotráfico, sino también reforzar la presencia del Estado en áreas estratégicas, contribuyendo a un entorno más seguro para el desarrollo de actividades productivas formales y sostenibles.