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Así lo advierte Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El Perú se encamina a uno de los ciclos de inversión minera más relevantes de la última década, con proyecciones que sitúan el flujo de capitales en torno a los US$ 6.400 millones en 2026, lo que representaría un crecimiento cercano al 10% y el nivel más alto en diez años. No obstante, este escenario positivo enfrenta un desafío urgente: el avance sostenido de la minería ilegal del oro.
Así lo advierte Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en su más reciente columna para el Semáforo Minero, donde subraya que el dinamismo de la minería formal convive con una expansión preocupante de actividades ilegales que afectan la recaudación fiscal, el medio ambiente y la seguridad.
De acuerdo con un Reporte Semanal de Scotiabank, citado por Ortiz, el nivel de inversión proyectado para 2026 no solo superaría los registros prepandemia, sino que marcaría el máximo de la última década.
Las cifras más recientes respaldan esta tendencia:
- US$ 3.909 millones de inversión minera acumulada entre enero y septiembre de 2025.
- Crecimiento interanual de 15,3% frente al mismo periodo de 2024.
- US$ 550 millones invertidos solo en septiembre, el monto mensual más alto del año.
En exploración minera, la inversión alcanzó US$ 527 millones en los primeros nueve meses de 2025, con un incremento de 34,5% interanual, lo que, según Ortiz, constituye una señal clara de confianza en el potencial geológico del país.
Minería ilegal: impacto económico y criminal
Pese a este desempeño, Ortiz advierte que la minería ilegal del oro sigue ganando terreno. Según análisis del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, una mayor incorporación de la producción aurífera al circuito formal permitiría incrementar significativamente la recaudación fiscal, en un contexto de restricciones presupuestales.
El impacto va más allá de lo económico. Ortiz señala que la minería ilegal se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado, superando incluso al narcotráfico tradicional en rentabilidad y con menores niveles de fiscalización.
“La llamada narco-minería no solo depreda el medio ambiente y vulnera derechos humanos, sino que también erosiona la institucionalidad, alimenta la inseguridad y priva al Estado de recursos clave para el desarrollo”, enfatizó.
Llamado a una respuesta integral
Desde el IIMP, Ortiz sostuvo que el contexto actual exige una respuesta integral del Estado, que permita consolidar un sector minero formal, competitivo y sostenible.
“Un sector minero fuerte no solo genera riqueza y empleo, sino que amplía la base tributaria, impulsa el desarrollo regional y cierra el espacio a las economías criminales”, concluyó.