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Premie Ernesto Álvarez, señaló que se busca enfrentar la insolvencia de Petroperú sin afectar su carácter público ni el abastecimiento de combustibles.
Tras la publicación del Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú S.A., el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, precisó que la disposición no implica la privatización ni la liquidación de la empresa estatal de hidrocarburos.
El jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que se trata de una solución intermedia y responsable frente a la situación de insolvencia que atraviesa Petroperú, orientada a preservar su rol estratégico dentro del sistema energético nacional y garantizar la continuidad de sus operaciones.
En ese marco, Álvarez Miranda detalló que Proinversión será la entidad encargada de realizar una evaluación técnica, imparcial e integral de las distintas unidades productivas de Petroperú, con el objetivo de recomendar las acciones más adecuadas para cada una de ellas.
“La premisa es que Petroperú debe mantenerse como empresa pública, pero con una gestión eficiente, solvente y transparente”, afirmó. Indicó que algunas unidades podrían requerir inversión privada bajo esquemas de asociación público-privada, mientras que otras podrían fortalecerse dentro del ámbito estatal o, eventualmente, liquidadas.
Abastecimiento
Respecto al abastecimiento de combustibles en regiones donde Petroperú opera sin presencia privada, el titular de la PCM aseguró que se mantendrán los servicios públicos que presta la empresa, se respetarán los derechos de los trabajadores y se garantizará que no se rompa la cadena de pagos con proveedores.
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El titular de la PCM también informó que se destinaron recursos públicos para un eventual proceso de reducción y reconversión de personal, el cual se definirá exclusivamente con criterios técnicos, garantizando los derechos laborales y evitando decisiones políticas arbitrarias.
En ese sentido, Ernesto Álvarez respaldó las declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien remarcó que más de la mitad del dinero de gastos corrientes no se van en sueldos, sino a privilegios los altos funcionarios.
Finalmente, el premier reafirmó el compromiso del Ejecutivo de enfrentar la minería ilegal, al referirse a los recientes hechos de violencia en la provincia de Pataz, en La Libertad. Subrayó que se trata de un problema estructural que requiere una intervención integral y sostenida del Estado para fortalecer la seguridad y la legalidad en las zonas afectadas.