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En medio de la polémica por el decreto de urgencia publicado el 31 de diciembre por el Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), sostuvo que el proceso anunciado para Petroperú no implica privatizar la empresa, sino introducir participación privada en la gestión e inversión de activos estatales que hoy —según su diagnóstico— no pueden sostenerse financieramente.
En entrevista exclusiva para Rumbo Minero, Cantuarias planteó que gran parte de la controversia responde a una confusión conceptual. Para el titular de la SPH, privatización significa transferir la propiedad al sector privado, mientras que lo que se estaría discutiendo en el caso de Petroperú es un esquema en el que la propiedad permanece en el Estado, pero se incorpora al sector privado para operar, invertir y administrar activos estratégicos.
Desde su perspectiva, el decreto abre un camino para “poner en valor” activos de Petroperú con apoyo privado, bajo un cambio del modelo de gestión. En esa lógica, afirmó que Petroperú seguiría siendo dueña de sus activos, pero se buscaría que terceros puedan gestionarlos con estándares de eficiencia y con capacidad de inversión.
El presidente de la SPH explicó que Petroperú arrastra un déficit de capital de trabajo de US$ 1,600 millones y que, pese a haber recibido hasta cuatro facilidades financieras, no ha resuelto problemas estructurales que aseguren solvencia y continuidad operativa.
En ese escenario, sostuvo que el Gobierno tenía tres rutas. La primera —un nuevo rescate financiero— fue descartada por la decisión de no comprometer la caja fiscal y por el objetivo de cumplir metas de déficit, que mencionó en 2.2% para 2025 y 1.8% para 2026. Bajo esa lectura, el giro hacia la participación privada no sería una preferencia ideológica, sino una salida obligada ante la falta de espacio fiscal.
La “ruta concursal” y el riesgo de gatillar la deuda
Cantuarias también justificó por qué una insolvencia y un proceso concursal no serían alternativas viables. Indicó que entrar a un esquema de reestructuración en Indecopi podría activar la aceleración de vencimientos de la deuda, especialmente por el volumen de bonos emitidos y obligaciones financieras vinculadas a la petrolera estatal.
Precisó que Petroperú tendría más de US$ 4,000 millones en bonos, además de una facilidad asociada a la cooperación española por cerca de US$ 1,500 millones. Por ello, remarcó que el Estado optaría por una reestructuración orientada a hacer a Petroperú “sujeto de crédito” ante la banca privada, lo cual —según dijo— exige reformas profundas de organización y patrimonio.
Para Cantuarias, el rol de ProInversión debe leerse como un mecanismo para estructurar el concurso privado que permita viabilizar el nuevo modelo. En su análisis, el modelo actual de gestión es inviable, porque Petroperú “pierde dinero” y no tiene capacidad para ejecutar inversiones clave.
El dirigente gremial insistió en que el objetivo no sería vender Petroperú, sino modificar cómo opera: una empresa estatal que conserva activos, pero que recurre a privados para administrarlos eficientemente y financiar inversiones que hoy no puede ejecutar.
Oleoducto Norperuano: costos, crudo inmovilizado y reactivación productiva
Otro punto central abordado por el titular de la SPH fue el Oleoducto Norperuano (ONP). Cantuarias relató que el ducto no opera actualmente y que su mantenimiento le costaría a Petroperú US$ 120 millones al año. Añadió que existirían 2 millones de barriles dentro del oleoducto que, a valor de mercado, representarían poco más de US$ 120 millones.
Planteó que la salida pasa por concesionar su operación al sector privado para realizar inversiones, bombear el crudo y reactivar el flujo logístico que permita incrementar producción en la selva y abastecer a la Refinería de Talara. En su planteamiento, ello no implicaría privatización porque el oleoducto seguiría siendo un activo del Estado, aunque operado por un gestor privado.
Un modelo que ya funciona en parte de la cadena
Cantuarias sostuvo que el esquema de participación privada en la operación de activos ya existe dentro de Petroperú. Indicó que los terminales de almacenamiento, aunque son de propiedad de la petrolera estatal, son operados por privados, por lo que el enfoque actual sería una extensión de un modelo que ya se aplica. En esa misma línea, proyectó que Petroperú podría evolucionar hacia un holding de activos, con un rol enfocado en garantizar que sus unidades sean operadas eficientemente.