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Congresista de Avanza País propone quitar el escaño sin reemplazo a parlamentarios sentenciados por minería ilegal, equiparando el delito a otros de alta gravedad.
La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) presentó el Proyecto de Ley N.° 13835/2025-CR, una iniciativa que propone aplicar la figura de la “silla vacía” a senadores o diputados condenados por minería ilegal, impidiendo que sean reemplazados por accesitarios de su mismo partido político.
La propuesta busca incorporar este delito al régimen de pérdida definitiva del escaño parlamentario, actualmente aplicable a condenas firmes por tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, reforzando el enfoque de tolerancia cero frente a economías ilícitas.
La iniciativa legislativa modifica el artículo 19 del Reglamento del Congreso, aprobado mediante la Resolución Legislativa N.° 004-2025-2026-CR, y será aplicable tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores del Parlamento que se instalará en 2026.
Mensaje político y responsabilidad partidaria
Diana Gonzales explicó que el objetivo central del proyecto es elevar los estándares de responsabilidad política, obligando a los partidos a revisar con mayor rigor las hojas de vida de sus candidatos antes de presentarlos a elección popular.
“La minería ilegal es un delito que afecta directamente la seguridad ciudadana, el medio ambiente y la economía nacional”, sostuvo la parlamentaria, al justificar la necesidad de enviar un mensaje político firme frente al avance de estas actividades ilícitas.
Minería ilegal: cifras que sustentan la propuesta
La iniciativa se enmarca en el impacto creciente de la minería ilegal en el país. De acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre enero de 2021 y marzo de 2024 esta actividad provocó la deforestación de 30.846 hectáreas en la Amazonía, consolidándose en zonas con limitada presencia del Estado y vínculos con organizaciones criminales.
En el plano económico, las exportaciones de oro ilegal podrían alcanzar entre 105 y 115 toneladas en 2025, con un valor estimado de hasta US$12.000 millones, posicionando a la minería ilegal como una de las principales economías ilícitas del país.
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Respaldo ciudadano a medidas más severas
La percepción ciudadana refuerza el planteamiento legislativo. Según una encuesta de IPSOS (diciembre de 2024), tres de cada cuatro peruanos consideran que la minería ilegal pone en riesgo la seguridad de sus familias, mientras que casi el 70% cree que ya influye directamente en la política.
Además, el 63% de los encuestados expresó su preocupación por una eventual captura del poder político por parte de mafias vinculadas al oro ilegal en los próximos años.
En este contexto, la propuesta impulsada por Diana Gonzales busca cerrar espacios a la infiltración criminal, fortalecer la transparencia del sistema político y proteger la gobernabilidad democrática, estableciendo consecuencias claras para quienes resulten condenados por minería ilegal.