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Un informe del Observatorio de Minería Ilegal advierte que solo 12 planes de Gobierno, que participan en las Elecciones 2026, abordan esta problemática de manera concreta aunque insuficiente.
La minería ilegal continúa consolidándose como la principal actividad ilícita delictiva del Perú, movilizando cerca de US$ 12.000 millones al año. Sin embargo, a poco más de un mes del proceso electoral de 2026, la mayoría de partidos políticos no presenta propuestas concretas para enfrentar este problema estructural que afecta al sector minero y a la economía nacional.
Planes de gobierno sin propuestas frente a la minería ilegal
Un informe del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), elaborado en coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú, revela que 24 de los 36 planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas no incluyen medidas específicas para combatir esta actividad ilícita.
De acuerdo con el estudio, 13 partidos abordan la problemática de manera declarativa, es decir, mencionan la minería ilegal en sus planes, pero sin plantear acciones concretas ni mecanismos claros de implementación. Entre ellos figuran Apra, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Podemos y Somos Perú, entre otros.
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En tanto, otros 11 partidos políticos ni siquiera consideran el tema dentro de sus propuestas programáticas. En este grupo se encuentran organizaciones como Perú Libre, Renovación Popular, Frente de la Esperanza y Partido Perú Federal, lo que evidencia la limitada prioridad que recibe este problema dentro de las agendas políticas.
César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal y autor del informe, señaló que el avance de esta actividad delictiva exige un enfoque integral por parte de los candidatos presidenciales y sus equipos técnicos.
“El problema de la minería ilegal, siendo una actividad altamente lucrativa que moviliza grandes cantidades de dinero, requiere un abordaje integral y una manifestación expresa de los candidatos de que estarán en contra de esta actividad ilegal y no serán financiados por ella”, enfatizó.
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Poco interés en la lucha contra la minería ilegal
Por otro lado, el informe identifica que solo 12 partidos políticos presentan propuestas más concretas para enfrentar la minería ilegal. No obstante, el OMI advierte que dichas iniciativas aún resultan insuficientes frente a la magnitud del problema y la expansión territorial que ha alcanzado esta actividad en el país.
Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, advirtió que la minería ilegal ha dejado de ser únicamente una problemática ambiental para convertirse en un fenómeno socioeconómico y criminal de mayor escala. “Esta actividad ilícita está presente en todas las regiones del país, se sostiene en parte de infraestructura formal y tiene incluso presencia transnacional”, explicó.