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La Ley N°21.591 impulsa una nueva gobernanza territorial de la minería, redistribuyendo recursos hacia regiones y comunas para financiar proyectos de desarrollo local.
Durante décadas, el debate sobre la minería en Chile ha estado marcado por una interrogante central: cómo asegurar que la riqueza generada por la actividad minera se traduzca en desarrollo real para los territorios donde se produce.
En ese contexto, la Ley N°21.591 de 2023, conocida como Ley de Royalty a la Minería, representa uno de los cambios institucionales más relevantes en la política minera chilena de los últimos años.
La norma no solo establece un nuevo esquema tributario para la gran minería del cobre, sino que también incorpora una dimensión territorial en la distribución de los recursos generados por la actividad minera.
Primeros resultados del royalty minero
Los efectos iniciales del nuevo sistema comenzaron a observarse en 2024, cuando se concretó la primera transferencia de recursos a los municipios mediante un mecanismo transitorio.
Ese año se distribuyeron más de $93 mil millones a 307 comunas, una de las mayores transferencias directas de recursos al sistema municipal chileno en los últimos años.
A partir de 2025, el sistema comenzó a operar plenamente, con una distribución proyectada de más de $218 mil millones entre más de 300 comunas, beneficiando a cerca del 90% de los municipios del país.
Fondos para el desarrollo territorial
El sistema contempla diversos instrumentos para canalizar los recursos hacia las regiones, entre ellos:
- Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo
- Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial
- Fondo de Comunas Mineras
En conjunto, estos mecanismos permitirán transferir aproximadamente US$450 millones anuales a gobiernos regionales y municipios, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y planificación territorial.
Las estimaciones fiscales indican que el sistema podría generar cerca de US$2.000 millones anuales en recaudación, dependiendo del ciclo del precio del cobre.
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Hacia una gobernanza territorial de la minería
La implementación del royalty introduce un elemento clave en la política minera chilena: avanzar hacia una gobernanza territorial de la minería.
Históricamente, uno de los cuestionamientos al desarrollo extractivo ha sido la distancia entre la riqueza generada por los recursos naturales y la percepción de beneficios en las comunidades cercanas a las operaciones mineras.
El royalty busca cerrar esa brecha, vinculando de forma más directa la actividad minera con financiamiento para infraestructura pública, desarrollo urbano, equipamiento social y proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades.
Desafíos de implementación
No obstante, especialistas advierten que el verdadero desafío radica en la correcta gestión y uso de estos recursos.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas de redistribución de rentas provenientes de recursos naturales logran consolidarse cuando los fondos se destinan a proyectos bien diseñados y con impacto estructural en los territorios.
Entre las áreas prioritarias destacan:
- infraestructura y conectividad
- gestión hídrica
- recuperación de espacios públicos
- desarrollo productivo local
- innovación territorial
Importancia de la transparencia
Otro aspecto clave será fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos del royalty.
La legitimidad de este instrumento dependerá en gran medida de que la ciudadanía pueda conocer cómo se asignan y ejecutan los fondos provenientes de la minería.
En ese sentido, el rol del Consejo para la Transparencia será fundamental para garantizar que la información sobre el uso de estos recursos sea pública y accesible.
Una oportunidad para el desarrollo de los territorios
La implementación del royalty abre una oportunidad para avanzar hacia un modelo de minería responsable, en el que el crecimiento del sector se vincule de manera directa con el desarrollo de las comunidades.
Si los recursos se traducen en proyectos bien ejecutados y gestionados con altos estándares de transparencia, Chile podría consolidar un sistema donde el valor generado por la minería se refleje de forma tangible en el bienestar de los territorios.
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