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La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Norte logró una condena de seis años de prisión efectiva contra Salvador Gozme, representante legal de la Empresa Constructora GOINSA E.I.R.L., por el delito de minería ilegal agravada en la provincia de Canta.
La sentencia fue obtenida el 26 de junio de 2026 y, además de la pena privativa de libertad, establece el pago de S/ 250,000 por concepto de reparación civil.
Extracción ilegal en zona prohibida
Durante el juicio oral, la fiscalía acreditó que el condenado realizó actividades no autorizadas de extracción de material mineral no metálico el 1 de octubre de 2020, en el Centro Poblado El Olivar, distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta.
Las labores se desarrollaron dentro de áreas clasificadas como zonas de expansión urbana, consideradas por la legislación vigente como espacios prohibidos para el desarrollo de actividades mineras.
La responsabilidad penal de Salvador Gozme fue sustentada mediante diversos elementos probatorios, entre ellos los testimonios de los efectivos policiales que participaron en la intervención, declaraciones de personal técnico del Gobierno Regional de Lima y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como informes elaborados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
Pericia ambiental confirmó afectación
Uno de los elementos determinantes durante el proceso judicial fue la pericia ambiental realizada por el Equipo Forense en Materia Ambiental (EFOMA) del Ministerio Público.
El análisis especializado permitió confirmar la grave afectación ambiental generada como consecuencia de las actividades desarrolladas en la zona, reforzando la acusación presentada por la FEMA de Lima Norte.
La sentencia representa un nuevo caso en el que el Ministerio Público obtiene una sanción penal contra actividades extractivas desarrolladas al margen de la normativa y en áreas donde la minería se encuentra expresamente restringida.
FEMA refuerza lucha contra la minería ilegal
A través de este resultado, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) reafirmó su compromiso de combatir la minería ilegal y fortalecer la protección de los ecosistemas del país.
La condena también evidencia la importancia de las investigaciones ambientales que integran pruebas policiales, informes técnicos, documentación de las autoridades competentes y peritajes especializados para determinar el impacto de las actividades extractivas ilegales.
En el caso de Canta, la actividad minera no autorizada no solo se desarrolló sin cumplir con las disposiciones correspondientes, sino que además tuvo lugar en una zona considerada prohibida para la actividad minera y generó una afectación ambiental que fue acreditada durante el proceso judicial.
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