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La actividad minera debe generar beneficios que trasciendan la vida útil de los proyectos y contribuyan a que las comunidades puedan continuar desarrollándose de manera autónoma y sostenible. Así lo sostuvo Jimena Sologuren, copresidenta del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026).
En declaraciones a Infobae Perú, Sologuren señaló que el verdadero legado de la minería no debería medirse únicamente por el volumen de inversión ejecutada o por la cantidad de programas sociales implementados, sino por las capacidades, oportunidades y condiciones que permanecen en los territorios una vez que los proyectos concluyen.
“El mejor legado que puede dejar un proyecto es una comunidad con más herramientas para seguir construyendo su propio desarrollo”, afirmó.
El legado debe ir más allá de la inversión social
Para la copresidenta de GESS 2026, la gestión social debe orientarse a generar oportunidades, fortalecer capacidades locales y construir relaciones de confianza entre empresas, comunidades y autoridades.
En ese sentido, consideró que indicadores como el monto destinado a programas sociales, el número de talleres realizados o la cantidad de personas beneficiadas no son suficientes para determinar el éxito de una intervención.
El aspecto central debe ser el impacto que estas acciones generan en la calidad de vida de las personas y las capacidades que logran instalarse de manera permanente en el territorio.
“Cuando hablamos de legado, hablamos de pensar desde el inicio qué va a permanecer cuando el proyecto llegue a su fin”, explicó.
Comunidades con mayor autonomía
Sologuren identificó como uno de los principales desafíos del sector minero el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones locales sin sustituir las responsabilidades que corresponden al Estado.
En este proceso, las empresas pueden contribuir mediante la transferencia de conocimientos, la generación de alianzas y el acompañamiento a autoridades y organizaciones para fortalecer sus capacidades de gestión.
“El éxito no es que un territorio dependa cada vez más de la empresa minera, sino todo lo contrario: que fortalezca sus propias capacidades, diversifique su economía y pueda seguir desarrollándose con autonomía”, manifestó.
Esta perspectiva plantea que la inversión social vinculada a la minería debe contribuir a crear condiciones que permitan a las comunidades aprovechar las oportunidades generadas por la actividad extractiva y, al mismo tiempo, desarrollar alternativas económicas sostenibles.
Recursos mineros deben traducirse en desarrollo
Sologuren también destacó la magnitud de los recursos que genera la minería para el país. Durante 2025, la actividad minera transfirió más de S/10,045 millones al presupuesto nacional mediante canon, regalías y otros conceptos. Al cierre de mayo de 2026, las transferencias ya superaban los S/4,000 millones.
Sin embargo, señaló que el desafío consiste en conseguir que estos recursos se conviertan oportunamente en agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura para la población.
“El verdadero desafío es que esos recursos se conviertan oportunamente en agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura”, sostuvo.
La transformación efectiva de estos recursos en servicios públicos y obras de calidad requiere, además, capacidades institucionales que permitan planificar, ejecutar y supervisar adecuadamente las inversiones en los territorios.
Confianza y diálogo desde las primeras etapas
Otro de los factores determinantes para la sostenibilidad de los proyectos mineros es la construcción temprana de relaciones de confianza.
Para Sologuren, este proceso exige transparencia, escucha activa, diálogo permanente y cumplimiento de los compromisos asumidos por los diferentes actores.
“La confianza se construye con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con transparencia, diálogo permanente, escucha activa y, sobre todo, cumpliendo los compromisos asumidos”, afirmó.
La necesidad de fortalecer estos mecanismos cobra especial importancia en un país que mantiene una cartera de inversión minera superior a US$64,000 millones, distribuida en 66 proyectos en 19 departamentos, pero que también enfrenta desafíos sociales en las zonas donde se desarrollan las operaciones y proyectos.
Una minería orientada al desarrollo territorial
Desde la perspectiva planteada por Sologuren, avanzar hacia una minería sostenible requiere una mayor articulación entre Estado, empresas, academia, sociedad civil y comunidades.
El objetivo debe ser colocar a las personas en el centro de las decisiones y comprender que el crecimiento económico generado por la actividad minera no garantiza por sí solo el desarrollo de los territorios.
En este proceso, la gestión social adquiere un papel estratégico, especialmente cuando busca generar capacidades que permanezcan más allá de la presencia de una empresa o de la vida útil de una operación minera.
Asimismo, Sologuren resaltó la importancia de incorporar a la academia y a las nuevas generaciones en la discusión sobre el futuro de los territorios, debido a su capacidad para generar conocimiento, innovación y soluciones orientadas a la sostenibilidad.
“No podremos construir el futuro de nuestros territorios sin escuchar a quienes vivirán y liderarán ese futuro”, concluyó.
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