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La Alianza Minera de América Latina (ALMA) presentó su primer «Diagnóstico Regional sobre la Extracción Ilegal de Minerales en América Latina y el Caribe» que documenta -por primera vez- cómo el crimen organizado ha capturado buena parte de la extracción ilegal de minerales en la región, afectando de forma transversal a países productores de oro, cobre y otros minerales, y advierte que, por su naturaleza transnacional, ningún país puede enfrentar el fenómeno en solitario.
«La minería ha sido, desde los orígenes de América Latina y el Caribe, uno de los pilares de nuestro desarrollo. Hoy, frente a la transición energética y la creciente demanda de minerales críticos, la región gana una relevancia geopolítica sin precedentes. Pero junto con esa oportunidad enfrentamos un desafío urgente: la extracción ilegal, que ya no se limita al oro sino que alcanza al cobre, litio, estaño, coltán y tierras raras. Es una amenaza transnacional que debilita la institucionalidad, destruye ecosistemas y alimenta al crimen organizado, y que exige respuestas igualmente regionales: cooperación, trazabilidad y fortalecimiento institucional. Por eso desarrollamos este diagnóstico: no podemos construir soluciones efectivas sin entender primero la verdadera dimensión del problema», sostiene Francisco Lecaros, presidente de ALMA.
El hallazgo central del diagnóstico es una ruta de mercurio de cerca de 200 toneladas, documentada por la organización Environmental Investigation Agency, que conecta minas mexicanas con operaciones ilegales de extracción de oro en Bolivia, Colombia y Perú, con un valor estimado de US$8,000 millones en oro ilícito producido. Cerca de la mitad de ese mercurio llegaría a la región amazónica, donde en junio de 2025 la aduana peruana interceptó 4 toneladas en el Callao, el mayor decomiso reportado por un país amazónico.
«Frente a este panorama, ALMA presenta ocho propuestas de trabajo conjunto: un mecanismo regional de trazabilidad del mercurio, la responsabilidad del comprador y verificación de origen, la regulación del eslabón de intermediación, un sistema regional de medición con metodología común, el control de plantas de beneficio y trazabilidad de la cadena de suministro, la formalización condicionada a estándares verificables, la corresponsabilidad de los mercados de destino, y la incorporación de la vigilancia de la extracción ilegal a comisiones binacionales de integración minera ya activas», señala Carolina Orozco, VP para Ecuador ALMA.
El estudio documenta, con cifras de cuatro países, que prohibir o paralizar la minería formal no protege el yacimiento: lo entrega a redes sin estándares ni tributación. En Costa Rica, la prohibición de 2010 fue seguida de la extracción ilegal de 149,243 onzas troy de oro (US$197 millones) solo entre 2017 y 2018; en Ecuador, el cierre del catastro minero en 2018 elevó los puntos de extracción ilegal de menos de 60 a más de 600 en 2024; en Panamá, el cierre de una mina de cobre multiplicó por cuatro las denuncias de extracción ilegal en ocho meses; y en Venezuela, apenas el 14% de la renta aurífera del Arco Minero del Orinoco llega al Estado por vías regulares.
Caso Perú
En Perú, el diagnóstico ubica al país como el caso más agudo del fenómeno en la región: según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) recogidas en el estudio, el país exportó cerca de 77 toneladas de oro ilegal en 2023 (US$4,833 millones) y unas 92 toneladas en 2024 (cerca de US$7,000 millones), con una proyección de entre 105 y 115 toneladas para 2025, por más de US$12,000 millones —un valor prácticamente equivalente al del oro legal exportado por el país—. Perú concentraría así el 44% de todo el oro ilícito exportado desde Sudamérica.
El destino de ese oro cambió de forma notable en una década: en 2014, el 75% de las exportaciones peruanas de oro se dirigía a Suiza, Estados Unidos y Canadá; en 2024, casi la mitad se dirigió a India y Emiratos Árabes Unidos, jurisdicciones con menores estándares de verificación de origen.
El diagnóstico identifica además que la intermediación es el eslabón menos regulado: cuando el precio del oro subió 29% en el tercer trimestre de 2024, los registros de nuevas comercializadoras y procesadoras se duplicaron, en un entorno sin políticas efectivas de trazabilidad, en lo que el propio diagnóstico describe como «el mejor laboratorio de política pública disponible» de la región.